03/12/2018 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Integrantes de partidos de la oposición uruguaya elogiaron hoy la decisión del Gobierno de rechazar la petición de asilo al expresidente peruano Alan García por considerar que no se trata de un caso de persecución política y que la Justicia peruana funciona libremente.
Los senadores y precandidatos a las elecciones presidenciales del 2019 por el Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle Pou manifestaron a través de sus respectivas cuentas en Twitter el apoyo a la decisión comunicada este lunes por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el canciller Rodolfo Nin Novoa.
"Apoyo decisión del Gobierno que niega asilo político a Alan García. Está bien", sostuvo Larrañaga, mientras que Lacalle Pou calificó la respuesta a la solicitud como "una buena decisión del Gobierno".
El senador del Partido Colorado (PC) José Amorín Battle usó la misma red social para señalar que el Gobierno "resolvió de manera lógica el #Asilo a #AlanGarcía", investigado por corrupción.
"No hay razones para considerar que hay persecución política o dudar de separación de poderes en Perú. La #Corrupción debe investigarse. Y se es inocente hasta que la Justicia independiente diga lo contrario", añadió el político.
El diputado colorado Ope Pasquet también manifestó que fue correcta decisión del Poder Ejecutivo.
"No sabemos si A. García es o no es culpable de delito alguno; pero debe defenderse ante la Justicia y estar a lo que ella disponga, como cualquier persona", sostuvo en Twitter.
El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a Efe que Uruguay "actuó acertadamente en todo el proceso".
"Primero, atendiendo la primera solicitud provisional que es de orden. Luego, estudiando a partir de la información que brindó el Gobierno peruano y respondiendo como debía. Acá no hay una situación de persecución, no hay una afectación de la independencia del Poder Judicial peruano y, por lo tanto, corresponde rechazar el pedido de asilo porque no se tipifican las circunstancias", sostuvo.
La decisión tomada por el mandatario uruguayo y por el canciller se basó en "consideraciones estrictamente jurídicas" y en el extenso informe enviado por el Gobierno peruano, de cerca de 1.000 páginas.
García tuvo que dejar hoy, tras conocerse la decisión, la embajada de Uruguay en Lima, donde se encontraba desde el pasado 17 de septiembre bajo un amparo provisional que se le había otorgado mientras se estudiaba el caso.
El exmandatario (1985-1990 y 2006-2011) es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Puesto que reside en Madrid desde 2016, a García un juez le prohibió, el pasado 16 de noviembre, salir de Perú por 18 meses, mientras continúan las investigaciones, medida con la que estuvo conforme, pero horas después solicitó el asilo a Uruguay bajo el argumento de que hay una persecución política en su contra. EFE
