OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: Serenidad ante todo
Mientras los peruanos se aprestaban a desearse un feliz año nuevo, el país empezó el 2019 con un día no tan feliz tras la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, horas antes de culminar el 2018, de remover a los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Sin duda, el momento más inoportuno el que eligió Chávarry para tomar esa decisión, a solo dos semanas del interrogatorio al que iban a ser sometidos el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y otros exejecutivos de dicha constructora, considerado decisivo para poner contra las cuerdas a los investigados por el escándalo de corrupción Lava Jato, gracias al acuerdo de cooperación que lograron los fiscales peruanos con la constructora brasileña en el marco de la colaboración eficaz.
Puede tener las atribuciones para separar a los fiscales, pero al parecer el titular del Ministerio Público olvidó el sentir de la mayoría de peruanos, alentados por el Gobierno y organizaciones que desde hace varios meses piden su renuncia, y con su anuncio solo ha puesto su cabeza al filo de la navaja. Las calles en todo el país se han convertido en escenarios de marchas de protesta que piden la restitución de Vela y Pérez. Pero cuidado, la policía encargada de custodiar el orden público, deben estar muy atentas para evitar que estas movilizaciones no sean aprovechadas por gente que suele infiltrarse para generar la violencia.
Por el lado de nuestras autoridades es importante también mantener la calma, y si bien están en su derecho de protestar y buscar medidas para resolver el problema, estas deben darse con la madurez y sensatez del caso.
El presidente Martín Vizcarra ha anunciado que hoy presentará al Congreso un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público, no solo como una medida para revertir la separación de Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino para suspender las funciones y atribuciones de Chávarry y de la Junta de Fiscales Supremos.
Sin embargo, consideramos desacertado que el jefe de Estado amenace al ya debilitado Congreso a presentar una cuestión de confianza si no atiende con carácter de urgencia su propuesta legislativa.
No sabemos cuál será la respuesta de Chávarry al anuncio presidencial, por lo pronto hoy Rafael Vela y José Domingo Pérez impugnarán su decisión y pedirán que la Junta de Fiscales Supremos, con la inhibición del fiscal de la Nación, por cierto, los restituya. Todos tienen derecho a protestar y reclamar derechos, pero con la serenidad del caso.