ONU le pide al gobierno peruano un plazo de 60 días para informar sobre las protestas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un último plazo al gobierno peruano para elaborar un informe sobre lo ocurrido en las recientes protestas en el país. El aviso fue mandado mediante la Oficina de Alto Comisionado para Derechos Humanas y tendrá una duración de sesenta días.
Además, la solicitud estuvo firmada por ocho relatores especiales de la ONU y fue enviada al representante de la Misión Permanente del Perú, el embajador Luis Juan Chuquihuara, para que se la haga llegar a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi Díaz.
La organización internacional emitió este anuncio con el objetivo de poder conocer el balance general que dejaron estas protestas. Así, el gobierno peruano deberá señalar su planificación, las políticas vigentes, los programas para prevenir el uso excesivo de la fuerza, las garantías procesales y las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Reportes de violaciones de derechos humanos
La petición de este informe surgió ante las supuestas violaciones de derechos humanos de los manifestantes. Es así que este documento servirá a la ONU para determinar si se presentaron casos de abuso autoritario.
"Hemos recibido en relación con el alegado uso excesivo de fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzado, estigmatización y violaciones", indicó la organización.
En esa misma línea, el organismo humanitario hizo énfasis en los casos registrados en Apurímac, Ayacucho y Juliaca. Y es que en estos lugares se habría registrado al menos un total de 35 civiles fallecidos entre el 11 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023. En el mismo periodo, también se denunció que ciudadanos resultaron heridos tras el uso de armas de fuego.
Posibles casos de terruqueo
El documento que deberá enviar el gobierno peruano en un plazo de dos meses permitirá investigar los supuestos casos de terruqueo durante las protestas de los últimos meses. "Se reportó que la respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar en guerra y que califica a las personas que protestan como terroristas", suscribió la organización.
Cabe decir que las investigaciones internas para delegar responsabilidades ya iniciaron en el fuero interno y continúan avanzando.