18/10/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
En entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista Omar Cairo adelantó este martes que el Tribunal Constitucional (TC) declarará improcedente la demanda competencial que presentó el Congreso en donde, a través de una ampliación de la misma, solicita que se emita una interpretación del artículo 117 de la Constitución.
"Es una consulta camuflada de ampliación de la demanda que el Tribunal Constitucional, que estoy seguro tiene sólidos conocimientos en materia procesal, va a declarar improcedente de plano", declaró en diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos.
Sobre las razones, Cairo dijo que el TC no es un órgano consultivo para absolver dudas que tenga una institución del Estado debido a que el órgano constitucional se pronuncia a través de sentencias y resoluciones respecto a pretensiones procesales.
De igual manera, refirió que la consulta por sí sola también era improcedente. "Si lo hubieran presentado como una consulta autónoma sería improcedente porque el TC no es un órgano consultivo", manifestó.
En segundo lugar, detalló que la ampliación de una demanda debe ser siempre una pretensión conexa con la demanda original, lo cual, según precisó, no es el caso.
"La demanda original es un proceso competencia entre el Congreso y el Poder Judicial referido a la posibilidad de que este último pueda prohibir o no la elección del Defensor del Pueblo", explicó. Es decir, agregó, "no tiene ninguna convidad con la interpretación de las causales para procesar" al presidente de la República.
Por último, aclaró que una demanda se presenta de sujeto a sujeto. "¿Contra quién se estaría presentado una solicitud de que el TC interprete el artículo 117? No hay ninguna controversia de un sujeto contra otro", cuestionó.
Congreso
Más temprano, el Congreso presentó al Tribunal Constitucional (TC) una solicitud para interpretar el artículo 117 de la Constitución, tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
El pedido, que lleva la firma del titular del Legislativo, José Williams (Avanza País) y fue remitido al TC, se formalizó a través de un documento que amplió la demanda competencial del caso Defensor del Pueblo presentada días atrás.
Según la Carta Magna de 1993, el presidente de la República en funciones solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; disolver el Congreso; e impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Como se recuerda, mediante un escrito ingresado a la mesa de partes del Parlamento, la titular de la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
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