Ofrecen legislatura especial para seguridad ciudadana
Ante la ola de delincuencia que afecta al país, el Congreso por fin comenzará a dar normas para atacar este problema. El presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Jorge Del Castillo (APRA), anunció ayer que presentó cinco proyectos de ley que buscarán fortalecer la seguridad ciudadana, y que antes que acabe este periodo, propondrá una legislatura especial para tratar estos temas.
Fue al término de la sesión de su grupo de trabajo, donde dijo que una de las iniciativas legislativas es la 4352, que está referida a la ciberseguridad, que formula normas para prevenir y combatir los delitos cibernéticos y proteger a la ciudadanía contra ciberataques.
El proyecto de ley 4351 está referido a la protección legal del policía en el uso reglamentario de sus atribuciones y uso del arma y el 4036 apunta a mejorar las acciones del serenazgo municipal. Otros dos tratan sobre la ampliación de la legítima defensa para la protección del domicilio y la integridad personal, así como el que regula la entrega voluntaria de armas con tenencia irregular y sin registro.
Las propuestas se dieron a conocer con la presencia del ministro del Interior, Carlos Morán, quién acudió al grupo de trabajo para informar sobre el trabajo que realiza su sector para la migración segura.
"Hemos hecho una depuración de padrones y hemos encontrado a 700 hombres y mujeres venezolanos que registran antecedentes judiciales y penales en Venezuela, información que se ha contrastado con Interpol y hemos procedido a hacer las explicaciones respectivas", afirmó el titular del Interior.
El titular de la cartera del Interior, Carlos Morán dio a conocer el estado de la flota vehicular para patrullaje que tiene la Policía Nacional, señaló que solo el 51 % de los patrulleros se encuentra en estado operativo frente a un 41% que está inoperativo. Detalló que de los vehículos operativos dos mil fueron adquiridos en el 2016 y 800 fueron adquiridos en el 2013.
Módulos integrados
Para el 15 de junio se lanzará un módulo piloto en La Victoria que integrará un trabajo articulado entre la policía, juez, fiscal y ministerio de la Mujer para combatir los casos de violencia familiar.