06/02/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Equipos especiales de fiscales allanaron ayer 14 inmuebles pertenecientes a árbitros y dos exfuncionarios públicos, investigados por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la constructora brasileña cobrar ilegalmente decenas de miles de millones de dólares al Estado peruano.
El allanamiento de las viviendas estarían vinculados con las investigaciones de los USD 254 millones 656 mil que el Estado peruano pagó entre 2003 y 2016 por los laudos que supuestamente ganó Odebrecht.
Los pagos corresponden a 35 resoluciones -de 42 presentadas-, de las cuales solo siete beneficiaron al Perú, según un pormenorizado informe de IDL-Reporteros.
La operación fue dirigida por el fiscal Germán Juárez Atoche y abarcó varios distritos de la capital, entre ellos La Molina, Ate, San Isidro, Lince, El Agustino, Surco, Punta Hermosa y Miraflores. Una fuente del Ministerio Público dijo que se podría extender a otros puntos de la capital. Inicialmente, la operación fiscal abarcaba 42 inmuebles.
Los inmuebles pertenecen al ex procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jaime José Vales Carrillo, el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig y los árbitros Franz Nunzio Fernando Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores; todos investigados por el Ministerio Público.
En la lista de los investigados está Humberto Abanto, actual abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama.
Se informó que el pedido de allanamiento también fue solicitado para los inmuebles de Abanto y para el resto de investigados. Sin embargo, la solicitud no fue admitida por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios.
Amplían investigación
En mayo de 2018, la Fiscalía amplió la investigación a un grupo de árbitros y a los exfuncionarios para determinar si favorecieron a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la empresa brasileña cobrar esa ingente suma al Estado. En su indagación preliminar, la Fiscalía incluyó a 19 árbitros.
Para el Ministerio Público, los investigados “formarían parte de una organización ilícita”, ya que -dice la Fiscalía- previamente a la formación de los tribunales, las tres partes -árbitros, MTC y empresa- se habrían reunido y concertado para determinar el procedimiento del arbitraje, así como el sentido de los fallos.
El fiscal Juárez Atoche reveló anoche que al árbitro Horacio Cánepa se le encontró una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) por un millón 30 mil euros, depositados por Odebrecht. "Se tiene conocimiento no era solo para él sino para que lo repartiera entre otros árbitros con los cuales ya había entrado en colusión para favorecer a la constructora Odebrecht", sostuvo.
