Odebrecht demandó al Estado peruano ante el CIADI

¡Insólito! La constructora brasileña Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción Lava Jato, demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por un proyecto de hidrocarburos.

A través del portal web del tribunal del CIADI, se dio a conocer que el requerimiento para iniciar un proceso arbitral, en etapa “pendiente”, fue registrado ayer martes 4 de febrero.

ACTUALIZACIÓN

La constructora brasileña Odebrecht, interpuso una demanda de 1,200 millones de dólares ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, Ciadi, contra el Estado peruano por el Gasoducto Sur, un proyecto de más de 7,000 millones de dólares que se encuentra paralizado hace más de cuatro años.

La demanda formulada por la empresa brasileña ha sido interpuesta contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según figura en la web del Ciadi, y sería por el contrato de “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, cuya concesión se otorgó el 30 de junio de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, al Consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht y Enagás).

Según el Ministerio Público, el Comité de Proseguridad Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo del proceso, con la finalidad de favorecer al consorcio integrado por la empresa Odebrecht, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor, valiéndose de informes jurídicos emitidos por estudios de abogados (Delmar Ugarte y Echecopar) vinculados al consorcio “ganador”.

A través de una misiva remitida al coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, el consorcio brasileño sostiene que la resolución del contrato de concesión el 24 de enero de 2017 fue un golpe muy fuerte para la empresa, porque se invirtió más de 2 mil millones de dólares en el proyecto por la contratación de financiamientos corporativos de diversos bancos nacionales e internacionales.

“Fue un golpe muy fuerte para la compañía, especialmente frente a determinados y muy relevantes grupos de acreedores financieros y aseguradoras internacionales”, detalla el documento.

Manifiestan que la demanda interpuesta busca recuperar sus acreencias para cumplir con sus obligaciones y deberes fiduciarios frente a la Asamblea de Acreedores y, de esta forma, buscar la continuidad de las actividades de Odebrecht S.A. en Brasil.

Finalmente, señalan que al vencimiento en el mes de enero del plazo bajo el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Bélgica (Luxemburgo), lo que implicaría la prescripción de un derecho de acción de la compañía para intentar recuperar la inversión realizada en el Gasoducto Sur Peruano y al no alcanzar un acuerdo con el MEF no tuvo otra opción que presentar la demanda.

BARATA ECHÓ A HUMALA Y HEREDIA

Sobre este caso, el exejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó a los fiscales peruanos haber establecido reuniones con el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, para tratar asuntos relacionados al proyecto. Resaltó el papel protagónico y de gestión que tenía para la ex primera dama, que estuvo al tanto de los aspectos relacionados a la licitación del Gasoducto del Sur.

MEF ejercerá defensa ante demanda de brasileña

El Estado peruano ejercerá, según anunció ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), su derecho de defensa ante la demanda arbitral que la empresa Odebrecht presentó en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

A través de un comunicado, el MEF fue enfático sobre este caso: “El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”.

En el documento se asevera que el Perú tiene una “sólida trayectoria” en demandas internacionales, graficada en más de doce casos presentados por inversionistas por contratos y tratados de inversión. “... como resultados de tales procesos se han recuperado aproximadamente 110 millones de dólares, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de derecho”, añade el comunicado.

El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, atiende las controversias por tratados de inversión o contratos que se presentan ante el Ciadi.

Documentos de la investigación serán usados en el Ciadi

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, dijo ayer que el Estado peruano podrá presentar en su defensa ante el Ciadi -tras la demanda de Odebrecht por el Gasoducto Sur- toda la información brindada por la constructora brasileña y su consorciada Graña y Montero en la investigación penal.

“La documentación de Odebrecht, dada a raíz del acuerdo de culpabilidad, y otros, puede ser utilizada por el Estado peruano en su defensa”, aseguró el procurador, y añadió que la comisión especial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de ver las demandas ante el Ciadi, ya tiene expedientes sobre el caso.

“Además, esa comisión también podrá contar con la información y pruebas proporcionadas por Graña y Montero en su reconocimiento de culpabilidad en este y otros procesos arbitrales”, dejó en claro.

Respecto al acuerdo, dijo que este se mantiene firme a razón de que fue aprobado mediante una sentencia judicial y las partes tienen obligaciones que cumplir. “El acuerdo no está en riesgo”, sostuvo.

Vela: “No está en riesgo el acuerdo”

El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht no está en riesgo, pese a la demanda que la constructora interpuso contra el Estado peruano ante el Ciadi, según aseguró ayer el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Más bien, Vela anunció que la firma brasileña y sus exejecutivos serían incorporados a la investigación de innediato, si es que la posición de Odebrecht en su demanda se contrapone a su reconocimiento de culpabilidad por el Gasoducto Sur Peruano.

“No, para nada”, fue lo que dijo Vela al ser consultado sobre si la demanda afectaría a otras investigaciones en el caso. “Todavía hay la posibilidad, como ha sucedido con Graña y Montero, de que puedan desistir de su propia demanda”, agregó el fiscal superior.