29/01/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La situación legal de los expresidentes Alan García y Ollanta Humala, así como de los exalcaldes Susana Villarán y Luis Castañeda, se vería complicada con las declaraciones de José Adelmário Pinheiro Filho, conocido como Léo Pinheiro, hoy detenido presidente de la constructora brasileña OAS, que revelaría los sobornos, coimas y aportes que habría realizado durante la presencia de la empresa en el país.
La presencia de los fiscales peruanos del equipo especial Lava Jato en el Brasil para recoger información de los exfuncionarios de Odebrecht, servirá también para buscar un acercamiento con Léo Pinheiro, quien recientemente ha suscrito un acuerdo de delación premiada con las autoridades brasileñas y ha expresado en su momento su interés de colaborar con la justicia peruana.
El equipo especial, que mantiene coordinaciones con las autoridades judiciales, fiscales y policiales del Brasil, según informó Cuarto Poder, tomaría contacto con Pinheiro, y así abriría una nueva línea de investigación sobre obras de gran envergadura que no han sido consideradas por Lava Jato y que servirían para “cerrar el círculo” y definir la cuota de responsabilidad en presuntos actos ilícitos.
Lluvia de millones
Según el reportaje, OAS obtuvo la concesión de la obra Trasvase Huascacocha - Rímac para dotar de agua potable a Lima desde la laguna del mismo nombre situada entre Pasco y Junín por un monto aproximado de USD 100 millones de dólares, durante el segundo gobierno de Alan García y Enrique Cornejo era titular del Ministerio de Vivienda y Construcción.
Para la Fiscalía, Pinheiro tendría información privilegiada sobre a quiénes habría pagado los millonarios sobornos.
Humala y Villarán
De acuerdo también a la hipótesis fiscal de Lava Jato, esta constructora habría entregado un millón de dólares a Ollanta Humala y Nadine Heredia para la campaña presidencial del 2011 y la expareja presidencial tendría directa responsabilidad en la construcción del hospital Lorena del Cusco, que quedó a medio construir y cuya ejecución estuvo a cargo de OAS.
De otro lado, Valdemar Garreta, publicista y propietario de la consultora FX Comunicaciones, declaró ante la Fiscalía que el No a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue financiado por OAS y Odebrecht que dieron 3 millones de dólares para pagar los servicios del publicista Luis Favre.
La revocatoria coincidió, según las investigaciones, a que un mes antes, la administración de Susana Villarán firmó una adenda con la empresa Lamsac (OAS era dueña del 99%), que cambió el nombre del proyecto Línea Amarilla a Vía Parque Rímac.
La adenda eliminó la construcción de un corredor del Metropolitano, porque ya estaba en marcha la construcción de la línea 2 del Metro de Lima en la misma vía y autorizó la ampliación de la concesión de los peajes de 30 a 40 años a favor de OAS.
El factor Castañeda
La investigación bajo la denominación Línea Amarilla-Contrato de concesión, aborda presuntos actos de corrupción que se habrían suscitado en la tramitación y contratación del proyecto 'Vía Expresa Línea Amarilla' en la gestión de Luis Castañeda Lossio.
Es así que durante este proceso, habrían concertado los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima con los ejecutivos de la empresa OAS, para favorecer a esta última, tanto en la declaratoria de interés, como en la aprobación y posterior contratación de este proyecto.
Para ello, se habría subestimado los importes recaudados en los peajes con la finalidad de emitir informes favorables de las proyecciones propuestas por la empresa ganadora. Además, se habría aprobado un perfil de ingeniería muy básico, no acorde con la magnitud y particularidad del citado proyecto.
Otra de las investigaciones en la gestión de Castañeda, señala que en octubre de 2014, Lucy Giselle Zegarra Flores, exgerente de Proyectos de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, y José Adelmário Pinheiro Filho (conocido como Léo Pinheiro y, entonces, presidente de Constructora OAS Brasil) sostuvieron conversaciones vía WhatsApp, por las cuales buscaron presuntamente coordinar reuniones con la participación del entonces recientemente electo alcalde Óscar Luis Castañeda Lossio.
En estas conversaciones se pretendía que no se firme el contrato de Río Verde con la saliente gestión de Villarán de la Puente. Para la Fiscalía ello evidenciaba toda una coordinación ilícita para evitar la suscripción de otras obligaciones contractuales del mencionado proyecto (del cual, incluso, ya se había gastado parte del dinero destinado).
“Que caigan todos”
La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, se mostró a favor de que sean investigados todos por igual, bajo la premisa de caiga quien caiga “incluso si hay alguien de mi partido que reciba todo el peso de la ley”, dijo la legisladora en respuesta a la nueva línea de investigación que revelaría nuevas pruebas de presuntas coimas.
Para la oficialista, resulta de suma importancia para el país no solo conocer la verdad sino que la población sea testigo de las sanciones ejemplares que deberán recibir los que traicionaron el voto popular ocasionando graves perjuicios económicos y un daño irreparable a la imagen del Perú.
