08/10/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
En los próximos días, el Consejo Nacional de Minería debe resolver si ratifica o no la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern para la realización del proyecto Tía María. Y esto se da en un contexto particularmente complejo, donde está levantada en contra del proyecto la población del río de Valle de Tambo, la mayor parte de los agricultores que habitan en esta zona.
Esto nos enfrenta a una discusión que va mucho más allá de si Tía María va o no va, que es la discusión sobre la minería en el Perú, sobre el futuro de la minería y sobre la manera en cómo hemos venido manejando la explotación de este recurso.
Pasamos del extremo estatista de Velasco Alvarado, donde toda la explotación minera era realizada por el Estado a través de empresas públicas a la enajenación total que partía de reconocer que el subsuelo es propiedad del Estado, pero el Estado le entrega a privados en concesión en procedimientos que no son en absoluto transparentes para que sean estos concesionarios los que a su vez se asocian con grandes empresas para explotar este recurso, de esa manera se ha privatizado completamente la explotación de la minería.
Y en demasiados casos lo que ha surgido es una confrontación entre las poblaciones que viven sobre los terrenos de los cuales se saca el mineral o por poblaciones que son afectadas de manera directa por la extracción y explotación de ese mineral, y que no son consultadas según la legislación vigente, ni tomadas en cuenta, sino al final del proceso cuando hay que hacer la consulta a la población.
Pero en medio de todo esto ha habido un sistema sobre el que hay que llamar la atención, solamente no hay transparencia en el proceso de otorgamiento de concesiones, sino que personas que ni conocen el lugar obtienen las concesiones para la explotación de recursos mineros, mientras ellos viven en un edificio de lujo en San Isidro, frente al Golf y son concesionarios de un lugar que no han visitado en su vida y sobre la que viven comunidades desde hace 600 años. Eso inevitablemente ha generado conflictos. Estamos en una situación muy ligera, no hay que temerle a los cambios en la legislación minera, sino que a la situación minera que vivimos empeore.
