Nicolás Lúcar: Funcionarios de alto rango deben someterse a la justicia como cualquier ciudadano

Nicolás Lúcar: En un intento claro de reconciliarse con la sociedad peruana, el Congreso aprobó finalmente ayer la eliminación de inmunidad parlamentaria, que se había convertido en una barrera de impunidad para que congresistas que cometieran delito usaran al Parlamento como un escudo para protegerse de la justicia.

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Nos ha pasado tantas veces en los últimos años que ha resultado absolutamente irritante para los ciudadanos. Es decir, quienes nos deberían representar, preocuparse por resolver nuestros problemas y legislar a favor de construir una sociedad más igualitaria, lo que han hecho es utilizar al Congreso como instrumento de protección ante la justicia.

Para otros, ser congresista es enriquecerse ilícitamente. Tal como lo acreditó la exposición de los mamanivideos, ser congresista puede ser un buen negocio en el Perú. Pero un negocio ilegal, corrupto y donde se tranza el manejo del presupuesto y las influencias, sino de donde se puede legislar a favor en contra según la conveniencia de quién ponga el billete para los lobys.

Ese es un tema que hay que abordar. Pero eso no resuelve el gran problema de la representación en el Perú y del control por parte de los ciudadanos, que es lo que debería ocurrir, sobre quienes elegimos y tienen la gestión de la administración pública.

◼ Presidentes

No puede ser que los ministros que toman decisiones tengan el derecho al antejuicio. ¿Cuál es razón que nos resulte aceptable para un mecánismo de protección de esa naturaleza?. Eso termina convirtiendo a los funcionarios de alto rango en simplemente en ciudadanos de otra categoría, en ciudadanos VIP. Que no se someten a la justicia en los mismos términos que cualquier ciudadano cuando debería ser al revés.

Es decir, la justicia debería ser más estricta con aquellos que disponen de fondos públicos y que han hecho mal uso de ellos. La severidad debería ser mayor, no las protecciones. Lo que ha ocurrido aquí es al revés. Esto nos lleva una vez más la discusión de la situación del presidente de la República y los mecanismos de control sobre él.

¿Cómo los ciudadanos pueden castigar a quiénes prometen una cosa y hacen lo contrario?. El caso de Ollanta Humala es otra. De la gran transformación pasó a la postura tibia de su carta de intención para finalmente seguir haciendo lo mismo que todos los anteriores.

Gobernar para los grandes intereses. Los ciudadanos no tenemos para garantizar que los que nos prometan los políticos en las elecciones, se cumplan. Tendrían que haber mecanismos de castigo para aquellos que incumplan con sus compromisos y que traicionen a su electorado.

En estos momentos, no tenemos herramientas. Hay modificaciones importantes que hacer aún en la constitución y esta tiene que tener una sola dirección. Darnos el derecho, capacidad y posibilidad de revocar a nuestras autoridades y de ponerlas en la mano de justicia sin ningún trámite previo y sin privilegios. No es mucho pedir y exigir que esto ocurra.