Prevención de actividades ilícitas
31/03/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/03/2025
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su cartera presentará un proyecto de ley que permitirá al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizar el deslacrado o la revisión de celulares incautados en las requisas dentro de los centros penitenciarios, bajo la supervisión de la Fiscalía.
Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Cuarto de Guerra contra la delincuencia, Arana destacó que el actual proceso de incautación de teléfonos es ineficaz. Los dispositivos incautados en las requisas pasan primero a la Policía, luego al Ministerio Público y, finalmente, no llegan a ser revisados de manera oportuna.
"La propuesta es que el propio personal del INPE pueda revisar rápidamente los teléfonos en presencia de la Fiscalía o la Policía para obtener información de forma inmediata", detalló el ministro.
¿Por qué se busca modificar el Código de Ejecución Penal?
La modificación propuesta busca cambiar el Código de Ejecución Penal para permitir que las autoridades penitenciarias lleven a cabo el deslacrado de los celulares, especialmente cuando son confiscados en el marco de requisas.
El ministro Arana explicó que la medida no solo se aplicaría a los teléfonos incautados fuera del penal, sino también a aquellos que estén en funcionamiento dentro de los recintos penitenciarios. De esta manera, se optimizaría el proceso de obtención de pruebas digitales relacionadas con actividades ilícitas.
El deslacrado de los teléfonos móviles podría facilitar la recopilación de pruebas valiosas, tales como conversaciones, registros de llamadas o información de contacto de redes criminales, que a menudo quedan fuera del alcance de las autoridades por la falta de acceso a los dispositivos.
¿Cómo afecta la nueva medida a los centros comerciales?
En otro aspecto relacionado con la seguridad, Arana anunció también un proyecto de decreto supremo que propone modificar la normativa vigente en cuanto a la verificación de la identidad en centros comerciales, espacios públicos y espectáculos públicos no deportivos.
Esta medida tiene como objetivo la identificación de personas requisitoriadas y la vigilancia de los inmigrantes en el país. Se prevé que la medida sea implementada a nivel nacional para fortalecer el control y prevenir actividades ilícitas en estos espacios.
El Ministerio de Justicia también está trabajando en un proyecto de decreto supremo que modificará el Decreto Legislativo 1229. Este proyecto busca erradicar las antenas satelitales y telefónicas ilegales ubicadas en las cercanías de los penales, más allá de los 200 metros permitidos por la normativa actual.
