Ministro de Justicia: es inevitable que Alejandro Toledo sea extraditado y responda ante la justicia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, afirmó hoy que es inevitable que el expresidente de la República, Alejandro Toledo, sea extraditado al Perú para que pueda responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.
En declaraciones a Radio Nacional, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) sostuvo que la extradición del exmandatario se está demorando debido a la intervención de "una maquinaria legal" por parte de su defensa que está recurriendo a todas las instancias para tratar de frenar este procedimiento.
"Esto me parece, y usaré una expresión, es una crónica de una muerte anunciada, Alejandro Toledo va a seguir siendo extraditado al Perú, (...) es inevitable que (el expresidente) responda ante la justicia peruana por sus delitos", declaró.
En ese sentido, indicó que el Penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo, tiene capacidad para el eventual ingreso de Toledo Manrique. Sin embargo, precisó que esta decisión no depende de su persona, sino de una comisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
"El Penal de Barbadillo cuenta con las condiciones para recibir al señor (Alejandro) Toledo y otras personas más, lo que hay que ser claros es que cuando llegue a suelo nacional se hará el proceso de a dónde será ingresado por la justicia peruana", enfatizó.
Proceso de extradición paralizado
El caso del exmandatario peruano, Alejandro Toledo, se encuentra paralizado temporalmente debido a que la jueza de la Corte del Distrito Norte de California-División San Francisco (Estados Unidos), Laurel Bauer, decidiera suspender por el plazo de una semana su proceso de extradición.
Su abogado pretende que se le suspenda completamente dicho procedimiento a través de un habeas corpus, el cual será debatido y dada una respuesta en segunda instancia en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Cabe precisar que, los delitos por los que se le inculpa son lavado de activos, colusión y tráfico de influencias; todo ello en el marco de los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
Según información difundida por el Comercio, la defensa legal del ex jefe de Estado había argumentado que desde el rechazo inicial al habeas corpus, el "contexto en el Perú ha sido cambiante" desde el autogolpe de Pedro Castillo.