Política
Bloqueo de carreteras

Ministro Chávez: "Vamos a actuar con firmeza y prudencia para garantizar el libre tránsito y el derecho a la vida"

El titular de Defensa aseguró que el desbloqueo de carreteras, en apoyo de las FF.AA, tiene como finalidad garantizar los servicios de salud, el libre tránsito y el derecho a la vida.
Ministro de Defensa, Jorge Chávez (Archivo)
27-01-2023

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, aseguró que el desbloqueo de carreteras que se realizará con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se efectuará en el marco de la ley, actuando "con firmeza y prudencia". 

Durante su participación en el envío de medicinas y material médico a Apurímac, indicó también que esta nueva medida tiene como finalidad garantizar los servicios de salud, el libre tránsito y el derecho a la vida.

"Se ha emitido un comunicado conjunto de los ministerios del Interior y de Defensa. Se están llevando a cabo todos los procedimientos en el marco de la ley. Vamos a actuar con firmeza y prudencia para garantizar los servicios de salud, la libertad de tránsito y el derecho a la vida", refirió el titular de Defensa.

Recordemos que los ministerios de Defensa y del Interior emitieron ayer un comunicado conjunto en el que anunciaron que la PNP, con apoyo de las FF.AA., desbloquearán las carreteras que estén declaradas en Estado de Emergencia.

"Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia en virtud al artículo 2 del Decreto Supremo 009-2023-PCM", se lee en el pronunciamiento publicado en Twitter.

Ambos ministerios recalcaron que el bloqueo de carreteras es un acto ilegal contra la libertad de tránsito. Señalaron que el Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes "con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos" y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad.