14/05/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior desestimó las garantías del pedido de Fuerza Popular para concretar un debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el frontis del penal Santa Mónica (Chorrillos). Evento iba a realizarse a partir de las 3 p.m. el sábado 15 de mayo.
La resolución directoral está firmada por Eduardo Cevallos, titular de Autorizaciones Especiales y Garantías de dicho organismo. En el escrito resuelven:
"Desestimar la solicitud de garantías inherentes al orden público, presentada por el partido político Fuerza Popular, representado por su secretario general, señor Luis Galarreta Velarde, para realizar una concentración pública de índole político, denominada debate presidencial, a desarrollarse el día 15 de mayo de 2021, a partir de las 15:00 horas, siendo la concentración en el frontis del establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos - Santa Mónica", indica la misiva.
En esa línea, recuerdan que el país se encuentra en una grave crisis sanitaria. Por lo tanto, las actividades que perjudiquen la salud pública -como los debates públicos o mítines- no están permitidas.
"... es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla (la salud pública) y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad", añaden.
◼ Antecedente
Cabe recordar que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue quien estuvo promoviendo el debate a las afueras de la mencionada prisión. Ella habría tomado esta firme postura luego que Pedro Castillo sugiriera: "Así como el primer debate fue en mi tierra, queremos que el próximo debate sea en el penal de Santa Mónica".
Asimismo, Fujimori confirmó hoy que se dirigirá a la Av. Defensores del Morro para concretar el debate a la hora pactada, y la Municipalidad de Chorrillos autorizó el evento y anunció que solo tendrá un aforo de 100 personas. Estos avisos quedarían sin efecto tras la resolución del Ministerio del Interior, órgano que tiene la última palabra en situaciones de esa categoría.
