13/05/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El exjefe del Gabinete y actual congresista, César Villanueva, sostuvo que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe ser potestad del Congreso de la República, aunque con algunos cambios, tomando así distancia de la propuesta del Ejecutivo que plantea que sea la Corte Suprema la entidad que se encargue de esta medida.
Comentando sobre el tema, Villanueva dijo que “la inmunidad es un tema que puede ajustarse dentro de las normas que existen, pienso que el Congreso tendrá que seguir viéndolo y no otros poderes del Estado porque habría un poco de tensión o contradicciones sobre la validez de la autonomía”, afirmó.
Insistió que el tema debe discutirse y a la vez proponerse los ajustes necesarios porque “sería muy complicado que lo vea la Corte Suprema; creo que en el Congreso hay conciencia de la necesidad de ajustar la propuesta, espero que se pueda hacer”, señaló.
Expremier admitió que el mal uso de la inmunidad parlamentaria, en algunos casos, no significa que no puedan tomarse las medidas correctivas necesarias.
El proyecto en mención, enviado por el Ejecutivo al Congreso, propone otorgar a la Corte Suprema la facultad de levantar la inmunidad de un parlamentario, atribución que actualmente compete al Parlamento.
Villanueva consideró necesario seguir trabajando para alcanzar consensos sobre la aprobación de las reformas políticas pendientes en la Comisión de Constitución, tomando en cuenta los cambios requeridos por el país, de lo contrario seguiríamos igual.
En otro momento de sus declaraciones refirió también que todas las reformas son importantes, pero se requieren acuerdos y voluntad para lograr su aprobación.
Según dijo, la Comisión de Constitución, que aprobó el cronograma de debate de la reforma política, optó por agrupar las propuestas llegadas hasta este grupo de trabajo por temas coincidentes.
En opinión del vocero de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK), Jorge Meléndez, el cronograma aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución no garantiza que las reformas puedan aprobarse a tiempo para entrar en vigencia el 2021.
