Caso red de prostitución
10/01/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/01/2025
En exclusiva para Exitosa, el congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, explicó que el almacenamiento de las cámaras de videovigilancia del Congreso es mayor a lo indicado por la Oficialía Mayor. Según el legislador, la capacidad de estas podría superar, incluso, un año.
¿Cámaras podían almacenar más tiempo?
En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario se refirió a la versión ofrecida por el área administrativa del Legislativo, señalando que existirían incongruencias entre lo expuesto por la Oficialía. Ello debido a que, en un primer momento, señalaron que solo se guardaba registro por 25 días y, posteriormente, 45 días.
"Lo hemos solicitado nosotros, las cámaras de Azángaro, de la puerta principal del Congreso, especialmente los sábados y domingos. Hemos solicitado la cámara que está mencionada. Sin embargo, nos dicen que solo 25 días pueden estar almacenados, después han hecho otra consulta y les han dicho que no, 45 días", enfatizó.
El legislador, asimismo, detalló que la verdadera capacidad de las cámaras de videovigilancia podría ser hasta de 10 años, recalcando que la tecnología permite apoyarse en "la nube".
"Nosotros sabemos que la memoria que tiene ese nuevo equipo de videovigilancia, es mayor. Es decir, se puede almacenar incluso más de un año. Algunos dicen que los episodios, dos o tres episodios que deben existir, más o menos, al día, serían con una memoria para almacenar cerca de 10 años.", complementó.
La contratación de Isabel Cajo
En otro momento, el presidente de Fiscalización se refirió a la contratación de Isabel Cajo en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, indicando que esta fue aprobada por el mismo Alejandro Soto cuando era titular del Parlamento.
"Hemos encontrado que, dentro de los requerimientos que hacen los diferentes departamentos del Congreso de la República, la señorita Isabel Cajo ha trabajado en un área. Después de un mes y medio fue requerida por el señor Jorge Torres Saravia. Ese requerimiento habría sido firmado bajo la autorización de la presidencia del señor Alejandro Soto", añadió.
Finalmente, enfatizó que se debe trabajar en recuperar la reputación de los trabajadores del Congreso, que, según su punto de vista, estaría siendo menoscabada por la acusación de una presunta red de prostitución.
"Necesitamos recuperar la honra de cientos de empleadas que trabajan en el Congreso de la República. Que se sienten menoscabadas porque se ha acusado que hay una red de prostitución, hasta no comprobarse lo contrario, eso va a quedar como una hipótesis, pero nosotros estamos viendo que, de acuerdo a las investigaciones de los medios de comunicación, vamos a seguir haciendo las indagaciones que sean correspondientes, caiga quien caiga.", concluyó.
De este modo se pudo conocer que el congresista Juan Burgos contradijo lo señalado por la Oficialía Mayor del Congreso, argumentando que las cámaras de videovigilancia podían almacenar información por un periodo mayor al indicado.
