José Cevasco renunció a la Oficialía Mayor del Congreso

La tarde de hoy, se dio a conocer que, José Cevasco, renunció a la Oficialía Mayor del Congreso de la República. Esto se da en el marco de la difusión de reportajes periodísticos sobre excesivos costos en el buffet de los congresistas entre otros requerimientos. 

En esa línea, José Cevasco manifestó que su renuncia se debió a situaciones políticas más que administrativas. "Entiendo que mi renuncia al cargo básicamente es por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista está relacionado a los hechos de carácter administrativo", confirmó.

Asimismo, dijo que su decisión de dejar el cargo de la Oficialía Mayor del Congreso hará que se mantenga un ambiente de estabilidad en el Legislativo, de cara a la ciudadanía. Además, precisó que vino laborando desde hace muchos años en el parlamento y su renuncia contribuiría a mejorar las constantes críticas hacia este sector. 

"Yo entiendo los temas de carácter político. Quiero ayudar al Congreso que recobre estabilidad. Yo soy una persona que ha venido trabajando en el Parlamento desde 1980 y si en algo, mi renuncia por razones políticas, ayuda a la estabilidad en el Congreso, pues bienvenida mi renuncia", agregó.

José Cevasco renunció a la Oficialía Mayor del Congreso

Fiscalía interviene oficinas del Congreso 

La Fiscalía de la Nación arribó a las oficinas administrativas del Congreso de la República por los presuntos gastos excesivos en el caso buffets de 80 soles para los parlamentarios en cada sesión del Pleno. 

Luego de la denuncia periodística de un medio local por la supuesta sobrevaloración en los contratos para la elaboración de los alimentos para cada legislador, el Ministerio Público, de la mano con dos fiscales, se acercó a la Dirección General de Administración del Legislativo, ubicada en la cuadra 5 del jirón Áncash en el centro de Lima para recabar información. 

Como se recuerda, se descubrió que el Hemiciclo desembolsó S/ 2 millones al Consorcio Polo y Sons International, Poli Service y Polo S.A.C, bajo la representación de Marko Rafael Polo Castillo; sin embargo, dicha empresa se encontraba suspendida de llevar a cabo adendas con el Estado debido a que mostraron certificados falsos en una licitación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en 2013.