Inspectoría de la PNP inicia proceso disciplinario contra Harvey Colchado por allanamiento a casa de Dina Boluarte

La Inspectoría General de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha emitido una resolución que sacude las estructuras de la institución. En un paso sin precedentes, se ha decidido iniciar un proceso administrativo disciplinario contra altos mandos policiales, incluyendo al coronel Harvey Colchado, por su participación en el allanamiento del domicilio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, el pasado 29 de marzo. 

Este polémico operativo formaba parte de las investigaciones relacionadas con el sonado caso Rolex que ha mantenido en vilo a la opinión pública.

Investigación contra altos mandos

Según el documento al que ha tenido acceso Perú21, la Inspectoría General de la PNP también ha decidido abrir procesos disciplinarios contra el coronel PNP José Luis Oscanoa Oscanoa, el comandante PNP Jorge Luis García Caro, el capitán PNP Carlos Enrique Martínez García y el suboficial PNP Edgar Quispe Castillo. 

Todos ellos fueron señalados por su participación en el allanamiento, que se llevó a cabo como parte de un requerimiento fiscal del titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena Campana.

La resolución destaca una serie de irregularidades en el procedimiento. Se menciona una falta de congruencia en la correlación de documentos judiciales entre el 29 y 30 de marzo, lo que sugiere una posible manipulación de la documentación para justificar la intervención policial. 

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Se señala que antes de la ejecución del operativo, no se contaba con la orden de operaciones ni con la documentación adecuada de respaldo, lo que podría indicar una irregularidad en el procedimiento.

Cuestionamientos y observaciones

La Inspectoría también cuestiona el proceder de los miembros de la Diviac, quienes supuestamente recibieron instrucciones para llevar a cabo el operativo a través de teléfono, en lugar de realizar una coordinación presencial y oportuna. 

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Además, se menciona que, al intentar verificar la orden de operaciones en las instalaciones de la Diviac, la fiscal coordinadora del Eficoop, Marita Barreto, solicitó formalmente un permiso para autorizar la diligencia administrativa, lo que llevó a que se declarara improcedente la petición de verificación del documento.

El inicio de este proceso disciplinario contra Harvey Colchado y otros altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones policiales en el país. La sociedad peruana espera respuestas claras y contundentes sobre este caso, que no solo involucra a la institución policial, sino que también afecta la confianza en las instituciones del Estado.