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11/12/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/12/2024
En una conferencia posterior al Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana, confirmó que el Gobierno someterá a consulta ciudadana la implementación de la pena de muerte para agresores sexuales de menores de edad.
Rechazó un aprovechamiento político
Esta medida, impulsada por la presidenta Dina Boluarte, busca responder a la creciente preocupación por los delitos sexuales contra menores en el país, como es el caso de la menor de 12 años que perdió la vida a manos de un criminal.
"La ciudadanía sabe que estamos trabajando, sin embargo las tareas no son suficientes, de ninguna manera es un aprovechamiento político ni tiene como propósito ocultar o como se ha señalado, poner una cortina de humo, la presidenta es seria. Vamos a someter a consideración de la ciudadanía a nivel nacional", expresó durante su intervención.
Convocará asambleas nacionales
El mecanismo usual o regular puede implicar sobre una denuncia al Ejecutivo, para que se avista por el Congreso, por otro parte programarán una asamblea para la ciudadanía y la población puedan alzar la voz mediante audiencias, nacionales, regionales y locales y así escuchar el sentido de sus palabras.
"No podemos seguir tolerando estos casos en los cuales algunos no tienen el más mínimo respeto por la vida humana, en este escenario consideramos oportuno y efectivamente el Ejecutivo asume el compromiso de someter a la ciudadanía a la consulta y el debate necesario para que todos incluyendo a los opinólogos que en estos momentos están saliendo en los medios de Tv". declaró Eduardo Arana
El anuncio del Gobierno de llevar la propuesta de pena de muerte a consulta nacional marca un punto crucial en el debate sobre la lucha contra los agresores sexuales de menores.
"Hay casos de criminales consideran que el estado no existe, que las autoridades no existen y además vienen con valores disimenes que nosotros consideramos que son válidos como el respeto, vamos a considerar a la ciudadanía esta consulta, para ver si corresponde o no corresponde la pena de muerte". culminó Arana.
Aunque respaldada por algunos sectores como una solución drástica, la medida enfrenta retos legales y éticos que deberán resolverse antes de cualquier implementación, pero primero programarán audiencias para que la población sea escuchada.
Este proceso podría abrir un amplio debate sobre los límites de las políticas penales y la necesidad de medidas efectivas para proteger a los más vulnerables.
