Gobierno presentaría acciones de inconstitucionalidad ante TC por leyes aprobadas por insistencia en Congreso
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que el Gobierno está evaluando presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre las leyes aprobadas por insistencia en el Congreso de la República.
En la última semana el Parlamento admitió normas, a pesar de tener observaciones del Ejecutivo, como el nombramiento automático de docentes y la ley que condiciona la colaboración eficaz.
"Hay una serie de normas que afectan o la Constitución o la caja fiscal o la estabilidad macroeconómica y el presupuesto o la iniciativa de gasto. Sobre estas normas estamos haciendo un estudio especial y seguramente probablemente estemos presentando un paquete de acciones de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional que defina la suerte de estas normas", declaró.
Nombramiento de docentes
El pasado 22 de junio, el Congreso de la aprobó la norma que autoriza el nombramiento a docentes con más de 3 años contratados.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Gálvez (PP), explicó que el objetivo de esta iniciativa es permitir de forma excepcional la designación de profesores contratados en educación primaria regular que hayan obtenido una plaza bajo concurso público.
Asimismo, Luna Gálvez informó que están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley los profesores contratados en educación primaria regular con más de tres años de servicio.
Cabe recordar que la ministra de Educación, Magnet Márquez, calificó al proyecto de ley como un atentado a la meritocracia y la calidad educativa y precisó que la propuesta legislativa no permite escoger a los mejores docentes para los escolares de la educación pública.
Colaboración eficaz
Con 79 a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Parlamento aprobó, el pasado viernes 23, la ley que limita y condiciona la colaboración eficaz en el marco de las investigaciones de la Fiscalía en casos de corrupción.
Una de las primeras condiciones que serán modificadas tras la aprobación de este dictamen es el cambio de denominación de "colaborador" a "aspirante".
Asimismo, otro punto importante es el tiempo que tendrán los fiscales para cerrar "el proceso de colaboración". Al respecto, el Ministerio Público llevará investigaciones en el plazo de 8 meses y tendrá un tiempo de prórroga de 4 meses. Sin embargo, habrá excepción en caso el delito sea crimen organizado, donde el tiempo de investigación será igual a 8 meses más.
Por estas leyes, es que el Gobierno está evaluando presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), debido a que, según Alberto Otárola, afectan a la Constitución.