Política

Fiscalía: Luis Castañeda lideraba red desde el 2011

Según las pesquisas, el objetivo del exalcalde era acceder a la comuna y gestionar recursos en favor de organización y sus empresas.
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31-01-2020

Contundente y revelador. El Ministerio Público aseguró que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, encabezó una organización criminal desde el 2011 hasta 2018 con el objetivo de “acceder a la comuna limeña y gestionar los recursos de la municipalidad en favor de la organización y de empresas vinculadas a su entorno”.

Este hecho fue más que suficiente para que la fiscal Milagros Salazar solicitara al Poder Judicial la prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el exburgomaestre. La misma medida coercitiva también fue pedida para su exfuncionaria Giselle Zegarra y el excongresista José Luna.

De acuerdo a la información fiscal, Castañeda es identificado en los documentos de la investigación como “líder o jefe máximo de la organización, promotor de los fines ilícitos de la organización y directo coordinador con los representantes de las empresas OAS y Odebrecht”.

“La presente organización criminal estaba constituida para el año 2011 y operó hasta el 2018; con la preparación para participar en los comicios electorales municipales, la asunción de la alcaldía hasta la culminación del periodo electo. Se advierte que la organización criminal con su accionar instrumentalizó la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cumplimiento de sus fines ilícitos”, añade.

En la carpeta judicial, la fiscal Salazar asegura que Zegarra era la encargada de contactar a los representantes de OAS con Castañeda Lossio, “así como generar coordinaciones con empresas vinculadas a su entorno para mantener y realizar proyectos de inversión”.

El requerimiento fiscal también revela que la Municipalidad de Lima, durante la tercera administración de Luis Castañeda Lossio (2015-2018), pagó “en exceso” 7 millones 451 mil 291 dólares a la constructora brasileña OAS por la obra de Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio, en el centro de la capital, según el informe 303-2017-CG/MPROY-AC de la Contraloría.