06/01/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Limitativa. Ministerio Público advirtió de graves elementos de convicción sobre responsabilidad del expresidente, investigado por supuestas irregularidades en concesión del terminal del Callao.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, evalúa solicitar medidas cautelares de carácter personal, entre estas, la detención preliminar por un plazo de 7 días contra el expresidente Alan García, por su participación en la presuntamente irregular concesión del Terminal Portuario del Callao.
Así lo revelaron a diario Exitosa fuentes del Ministerio Público, y señalaron que se han acumulado graves elementos de convicción que corroborarían los hechos imputados, como peritajes, evidencias y pesquisas, así como el evidente riesgo procesal que deja en claro su conducta, sobre todo en su intento de pedir asilo político a Uruguay y otros países.
Las fuentes explicaron que las investigaciones realizadas por el fiscal Reynaldo Abia determinaron que en el proceso de concesión del puerto se dieron medidas singulares como decretos de urgencia por García Pérez, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y adendas que modificaron escandalosamente las bases y el modelo de contrato, direccionando de esta manera la entrega del principal puerto del Perú al consorcio danés a APM Terminals por 30 años.
Se supo que el fiscal Abia ya realizó diferentes peritajes para sustentar la hipótesis de que el expresidente habría cometido los delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Dominio de voluntad
Según la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, dirigida por Amado Enco, Alan García, en su condición de presidente, "tuvo el dominio de voluntad en los hechos delictivos, plasmados en la presente denuncia a través del control de un aparato organizado de poder que encabezó".
Explicó que encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión en los puertos del Callao, emitieron, con sus codenunciados, instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia, para viabilizar la concesión y privatización de Enapu y con ello favorecer a la empresa APM Terminals.
Otros denunciados
Se debe indicar que en la pesquisa también están incluidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo; el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, actualmente en el penal Piedras Gordas de Ancón.
También están investigados el exviceministro de Transportes, José Gonzales Quijano; el expresidente de Proinversión, Jorge León Ballén; el expresidente de Enapu S.A., Mario Arbulú Miranda; el expresidente la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle, entre otros, que habrían tenido participaron en el proceso de concesión portuaria.
Investigación preliminar
Las pesquisas se iniciaron a partir de la denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco, quien solicitó la investigación preliminar, basándose en un proceso indagatorio en el que resalta, “la creación de un marco normativo para facilitar la concesión del Muelle Norte del Callao”, denominación que se le otorgó al Muelle 5, que inicialmente era el único que iba a ser concesionado, sin embargo, finalmente la totalidad de muelles, amarraderos, zonas fueron entregados.
“El Ejecutivo utilizó las facultades otorgadas por el Congreso para emitir decretos de urgencia que determinaron de necesidad pública la privatización de entidades del Estado, cuando no se justificaba esta medida, casualmente fueron dictados cuatro meses antes de la firma del contrato de Concesión del TP Callao, (...) advirtiéndose que fueron direccionados (...) ya que el único beneficiado fue APM Terminals”, se lee en la denuncia.
Alan Gabriel Ludwig García Pérez, en su condición de Presidente de la República, habría tenido, desde su posición de autor mediato, el dominio de voluntad en los hechos delictivos plasmados en la presente denuncia.
MAÑANA VA A FISCALÍA
Mañana, lunes, el expresidente Alan García acudirá a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de declarar por la investigación que se le abrió por presuntas irregularidades en la licitación del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.
El fiscal Reynaldo Abia le imputa al exmandatario, junto a otras 21 personas, por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible.