27/04/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Dio marcha atrás. La Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción declaró fundado el pedido de la Fiscalía, que desistió formalmente de solicitar la confirmación de la prisión preventiva de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski. Tras ello, el Poder Judicial dispuso dejar al voto el pedido de arresto domiciliario para el expresidente.
Fue el fiscal Hernán Mendoza quien durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, remarcó que la edad no es un requisito para aplicar el arresto domiciliario, tal como argumentó la defensa de Kuczynski, quien tiene 80 años. Indicó que la Constitución peruana “señala que todos tienen derecho a la protección de la salud”.
El fiscal dijo a los jueces superiores que el arresto domiciliario sería bajo la custodia de la autoridad policial en su vivienda y, en caso que se requiera, será trasladado las veces que sea necesario a un centro médico.
En ese sentido, Mendoza insistió que la medida siga siendo por los 36 meses y que acorde a las exigencias del proceso, el exmandatario debe pagar una caución de 100 mil soles.
Sin embargo, el abogado del exjefe de Estado, César Nakazaki, solicitó que se cambie la medida por la de comparecencia restringida. “Kuczynski viene cumpliendo desde hace más de un año con el proceso”, dijo el letrado, quien pidió que si los jueces consideran que deben mantener la prisión preventiva ordenen que sea en arresto domiciliario.
Respecto a la situación de Gloria Kisic y José Luis Bernaola, la secretaria y el chofer del expresidente, respectivamente, la Fiscalía desistió de la posibilidad de impugnar la orden de comparecencia restringida.
Saludó decisión
Tras el término de la audiencia, Nakazaki saludó la actitud de los fiscales superiores, por tomar en cuenta los informes médicos que indican que la vida de Kuczynski está en riesgo.
PPK está imputado por presuntamente lavar dinero por consultorías ofrecidas a la constructora Odebrecht cuando fue ministro del exmandatario Alejandro Toledo.
La Fiscalía sospecha que esas consultorías, que ascendieron a 782,000 dólares entre 2004 y 2007, fueron unos pagos con apariencia de legalidad para obtener favores en la adjudicación de obras públicas como el Proyecto de Irrigación Olmos y la carretera Interoceánica Sur.
