21/11/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se reunió con el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a quienes les aseguró que es falsa la versión remitida por el gobierno sobre la “denuncia constitucional” que presentó ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo, con una supuesta “motivación política” que sería parte de una “estrategia de ruptura del orden democrático”.
Negó que también que haya pedido “inaplicar el artículo 117 de la Constitución”.
La representante del Ministerio Público explicó a los integrantes de la delegación internacional que lo presentado ante el Parlamento es una “denuncia constitucional” que contiene 190 elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo.
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Esto producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial y realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción.
En ese sentido, Benavides explicó que la presentación de la denuncia constitucional era lo único que podía efectuar su despacho, a nivel procesal y constitucional, conforme a las atribuciones estipuladas en la Carta Magna.
Además, era su obligación, luego de haber recabado indicios suficientes de la comisión de delitos, en una investigación en la que el mandatario siempre ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa.
Asimismo, agregó que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República tomar una decisión respecto a la denuncia constitucional.
PERSEGUIR EL DELITO
La fiscal de la Nación denunció que en el cumplimiento del deber constitucional de perseguir el delito y luchar contra la corrupción, los fiscales y su persona han sido objeto de ataques, presiones, amenazas, denuncias y hasta insultos de parte de altos funcionarios gubernamentales y actores políticos, con un evidente propósito de obstruir las investigaciones.
Añadió que la función constitucional del Ministerio Público es la de perseguir el delito, en el marco del debido proceso y el estado de derecho, y la necesidad de respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público como fundamento de la democracia representativa.
Benavides recordó que la separación de poderes es la base de la democracia representativa, reconocida no solo en la Constitución Política del Perú, sino también en el artículo 3
de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
EL CASO DEL PRESIDENTE
El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado. Dicha denuncia se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y podría suspender del cargo al mandatario.
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