Factor AG: Acusaciones de corrupción lo marcan desde su salida
Al final de su primer gobierno en julio de 1990, Alan García se retira en medio de una lluvia de acusaciones, de haber presidido el peor gobierno en la historia del país, y de haber precipitado al Perú al abismo de una crisis económica y moral sin precedentes. Sin ser olvidado, su nombre se mantuvo en las primeras planas de los diarios de Lima, porque apenas terminó su gobierno comenzó a ser investigado por el Congreso sobre denuncias de enriquecimiento ilícito y fue objeto de acusaciones de que poseía una fortuna calculada en 50 millones de dólares en bancos del exterior.
García establece su propia defensa y acuña la frase: “quien no la debe no la teme”. El Congreso encontró que existían indicios razonables de culpabilidad del exmandatario aprista en los presuntos delitos que se le imputaban y se le levantó la inmunidad. Su caso pasó al Poder Judicial. En los tribunales, la acusación no prosperó porque magistrados, acusados de tener inocultables vínculos con el Partido Aprista, resolvieron que no había lugar a una apertura de instrucción.
Alberto Fujimori, ni bien asumió la presidencia, prometió una lucha implacable contra la corrupción y al advertir depreciación moral reinante en el país dijo: "nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana; una economía entrampada en hiperinflación. Una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico”, en clara alusión a su antecesor Alan García.
El expresidente fue acusado, además, de posesión ilícita de armas que, según portavoces gubernamentales, fueron halladas en su domicilio y en el local central del Partido Aprista, ambos allanados por las fuerzas de seguridad el 5 de abril de 1992. Por ese motivo se abrieron dos procesos contra el exgobernante.
Desde la clandestinidad, el líder aprista dijo que quienes intervinieron su domicilio tenían intenciones de matarlo. Los simpatizantes de Alan aseguran que el expresidente aprista fue víctima de una conjura de la derecha y el Fondo Monetario Internacional por su tesis del no pago de la deuda externa. El joven líder llevó a su agrupación a vivir una gran paradoja: la de un partido
viejo con una historia llena de avatares e intrigas políticas, a un partido llevado de la mano por un joven que desplazó a los principales líderes históricos, que fueron los que sufrieron destierro y cárcel.
Matanza de los penales
Alan fue acusado también por la matanza de los penales, ocurrida el 18 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón y Lurigancho, donde los reclusos miembros de grupos terroristas perpetraron un motín planificado también en Santa Bárbara. Se dio la orden a las Fuerzas Armadas de restablecer el orden. En Lurigancho murieron 124 reclusos; en Santa Bárbara, dos; y en El Frontón, 118, quedando 30 sobrevivientes.
El líder del Apra, asimismo, fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por su presunta participación en actos de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). Se acusó a dos funcionarios peruanos de recibir sobornos de tres millones de dólares por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) en el BCCI. Se trató de Leonel Figueroa y Héctor Neira.
El caso BCCI
Las relaciones que pusieron en mal pie a Alan García se remontan a 1986 cuando el Perú trasladó 270 millones de dólares de sus reservas internacionales al referido banco con la finalidad de librar los dineros peruanos de un embargo de sus acreedores. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Fernández Arce, consideró necesario el viaje del fiscal de la Nación a Estados Unidos con el fin de recaudar de la misma fuente, mayor información del escándalo financiero del BCCI que comprometió la imagen del Perú.
Tren Eléctrico
En 1993, un escándalo de corrupción remeció la política peruana. El empresario Sergio Siragusa Mule, representante del consorcio italiano Tralima, declaró al fiscal italiano Vittorio Paraggio que el expresidente Alan García y el ex primer ministro italiano Bettino Craxi se habían beneficiado con una millonaria coima en la construcción del Tren Eléctrico de Lima, obra que estaba a cargo de ese consorcio.
Siragusa se presentó el 20 de diciembre de aquel año ante la fiscal peruana Flor de María Maita Luna. El empresario, que residía en el Perú desde hacía dos décadas y media, aseguró que había entregado al expresidente García, a modo de comisión, USD 200 mil en efectivo, y USD 840 mil los depositó en cuentas en el exterior.
El caso de los Mirage
El presidente Alan García había decidido, desde el inicio de su gobierno, reducir la compra de una flotilla de aviones Mirage 2000, de 26 a solo 14 aviones. García aseguraba que, como la compra se hallaba en trámite, era factible esa operación y que el Estado se ahorraría dinero que se destinaría para fines más prioritarios del régimen.
La decisión de reducir la compra la tomó el propio presidente García sin consultar previamente con las Fuerzas Armadas. Lo más grave del caso fue que las investigaciones de la comisión investigadora del Congreso dieron indicios razonables de que dicha operación tuvo como fin beneficiar económicamente al mandatario, ya que era inexacta la versión de que la compra se hallaba en trámite en 1985, sino que ya se había transado en 1982, estando programada la entrega de los aviones en dos lotes. Un lote de 16 aviones en 1986 y otros 10 aviones en 1988.
Con la reducción de la compra, el calendario de entrega cambió y, según los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas, 4 aviones llegaron a fines de 1987 y 10 aviones en 1988. La comisión congresal descubrió que los aviones Mirage ya estaban fabricados y, según la documentación, estos fueron entregados al Perú cosa que nunca ocurrió. Ello llevó a la presunción de que dichos aviones fueron vendidos de manera clandestina a otros países, lo que resultaría un negocio invalorable, pues el valor de los Mirage se había triplicado desde 1982, al estallar los conflictos en Medio Oriente en esa época. Se dijo que García habría intervenido directamente en la operación.
El mandatario se había reunido reiteradamente con Abderramán El Assir, un acaudalado libanés cuyo oficio era ser intermediario entre gobiernos compradores y fabricantes de armas, con altas comisiones de por medio.
La decisión de renegociar la compra de los Mirage fue en realidad perjudicial al país, calculándose las pérdidas en más de 250 millones de dólares.
Escrito por: Roberto Sánchez Reyes