Factor A.F: Triunfo electoral bajo sospecha
Por: Blanca Temoche
Las muestras del fraude electoral de las elecciones del 2000 se produjeron incluso antes de emitirse los votos por la serie de irregularidades que hicieron posible su candidatura a una segunda reelección.
Una de ellas fue la aparición de la Ley de Interpretación Auténtica que permitió al ingeniero agrónomo poder candidatear con miras a un tercer mandato.
El escándalo estalló cuando se denunció la falsificación de firmas para la inscripción de la agrupación política Perú 2000, de Fujimori. Se requería la presentación de medio millón de firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero fue rechazada por el organismo electoral. Es así que sale la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, a darle una manito al régimen y culpar a los denunciantes.
La mayor irregularidad que se evidenció durante la campaña fue el uso de recursos públicos. A tanta evidencia previa a los comicios electorales se hicieron presentes observadores nacionales e internacionales, enviados especialmente para evitar el fraude en la contienda electoral.
No se pudo determinar que hubo fraude electoral, pero sí que hubo una campaña fraudulenta y estructurada que llevó a Fujimori a un tercer mandato.
LA MARCHA DE LOS 4 SUYOS
Miembros de la oposición liderados por el Alejandro Toledo (Perú Posible) hicieron un llamado a todas las organizaciones y población en general a movilizarse y luchar contra la dictadura fujimorista.
Fue así que se organizó una marcha pacífica desde el 26 de julio previo a la asunción de mando y se extendería hasta el 29 de julio. La convocatoria fue denominada 'Marcha de los cuatro suyos', por los cuatro puntos cardinales del Imperio Incaico.
Congregaron a miles de personas provenientes de todas las regiones del país y su destino inicial fue el Parlamento para dar un respaldo a los congresistas que buscaban la vacancia presidencial. La represión se hizo evidente, ante una multitud que fue replegada a la fuerza por un gran un número de policías que aparentemente iba a “resguardar el orden de la manifestación”.
Fuerzas militares salieron a las calles para evitar que prospere la marcha, que a decir de los comentaristas de la época fue una de las más multitudinarias vistas en ese siglo.
Para acallar las protestas, además de no ser reproducidas por algunos medios de señal abierta, el gobierno echó la culpa a actos de vandalismo, e incluso trataba de vincularlo con grupos pro senderistas.
El caos se desató el 28 de julio. La violencia llegó a su punto más crítico en el local del Banco de la Nación, el cual se empezó a incendiar ocasionado la muerte de seis trabajadores de esta entidad bancaria. Meses después, se conoció que el incendio fue provocado por el mismo gobierno.
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