12/05/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Por: BLANCA TEMOCHE
Antes de salir a la luz los videos de Moisés Mamani que ponía en evidencia un negociado a puertas cerradas del aparato político de Pedro Pablo Kuczynski para que no lo vacaran, a cambio del indulto a Alberto Fujimori, provocó un terremoto en la escena política. La bancada oficialista de los ppkausas se dividió en dos y sufrió sus primeras bajas.
El parlamentario de la bancada Peruanos por el Kambio, Vicente Zevallos marcaba su distancia con la decisión de su líder el haber otorgado el indulto humanitario a un político sentenciado por crímenes de lesa humanidad.
“No coincido con la determinación tomada por el presidente Kuczynski, no encaja con mis convicciones políticas”, afirmaba el congresista.
Paralelamente la ciudadanía cuestionaba la justificación de PPK, que hizo referencia al estado de salud del exmandatario. Así como el informe emitido por una clínica local que cuestionaba las condiciones del centro penitenciario que albergaba al político y ponía su vida en riesgo.
Una vez conocido los videos que grabó Mamani, varios colectivos reclamaron para que Fujimori regrese a prisión. Es precisamente que frente al indulto, Carlos Rivera, representante legal de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) trabajaba para impugnar el indulto en instancias nacionales e internacionales.
Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quien emitió resoluciones a favor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que el Estado debía cumplir.
Caso Pativilca
Habían transcurrido cerca de dos meses del indulto a Alberto Fujimori, que un tribunal peruano responsable del proceso por la matanza de Pativilca ocurrido en enero de 1992 donde murieron seis campesinos tras supuestamente tener vínculos con el terrorismo, decidió no aplicar al expresidente Alberto Fujimori el derecho de gracia que le concedió Kuczynski, y mantenerlo como acusado.
Este pedido de no aplicar el derecho de gracia buscaba que el exmandatario sea procesado por la matanza en el norte chico. Es en noviembre de 2018, que la Sala Penal Nacional dejó al voto la acumulación de los expedientes vinculados al Caso Pativilca, donde está implicado Alberto Fujimori así como los integrantes del Grupo Colina y miembros de las Fuerzas Armadas
Retorno a Barbadillo
Tras el internamiento en una clínica local el pasado 3 de octubre de 208, el Ministerio Público solicita semanas después que el Instituto de Medicina Legal elabore un informe médico sobre el político dando como resultado que padecía de hipertensión arterial no controlada, problemas cardiacos, fibrilación auricular paroxística y cardiopatía coronaria crónica.
Pero, dicho informe no hacía mención sobre la gravedad de la salud y su vida corría riesgo por lo que los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado cuestionaron que no fuera llevado a una prisión.
Así que se programó un nuevo informe de la junta de especialistas del Instituto de Medicina Legal y dio como resultado que las condiciones de salud de Alberto Fujimori era estable. Así que la Corte Suprema pidió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informar sobre el centro penitenciario que cumpla con las condiciones para que Fujimori continúe con la sentencia de 25 años de cárcel.
Fue así que un miércoles 23 de enero de 2018, el expresidente Fujimori retorna a prisión para terminar de cumplir la sentencia de 25 años de prisión otorgada en el 2009.
