17/12/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La exprocuradora Katherine Ampuero consideró que el actual abogado de la empresaria Karelim López, César Nakazaki, no puede negar "rotundamente" que su patrocinada habría testificado en contra del presidente Pedro Castillo porque en ese momento no era abogado de la investigada.
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En entrevista para Exitosa, Ampuero recordó que, según un informe periodístico, la empresaria acudió a la Procuraduría, entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre, para someterse a la figura de colaboración eficaz. Según la investigación, López aseguró que entregó dinero al mandatario Pedro Castillo a través de su ahora ex secretario presidencial, Bruno Pacheco.
"Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la información, este tema de haber ido a la Procuraduría como al Ministerio Público, pretendiendo ser colaboradora eficaz, se ha dado cuando su abogado defensor era Fernando Ugaz. Entonces, Nakazaki no puede afirmar o negar rotundamente ese tema [de testificar contra Pedro Castillo] porque no era abogado de Karelim López", explicó Ampuero en este medio de comunicación.
Asimismo, la exprocuradora calificó de "desconocimiento" que la defensa legal de López, investigada por presunto tra?fico de influencias, haya recomendado a la empresaria a acudir a la Procuraduría para someterse presuntamente a la figura de colaboración eficaz.
Recordó que la instancia competente para este tipo de procesos es la Fiscalía.
"De acuerdo a la información que tenemos, ella no quería reconocer los hechos que se le imputan. La colaboración eficaz consiste en reconocer que la participación delictiva en un hecho", apuntó.
Ampuero mencionó que si López llegara a acogerse a esta medida, a cambio de brindar información valiosa para la investigación, podría obtener beneficios como la exención o reducción de la pena.
Allanamiento
La Fiscalía Anticorrupción allana este viernes los inmuebles del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y de la empresaria Karelim López por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
Esta medida se da en base a la presunta presión a los miembros del comité de licitación de una obra pública convocada por Provías.
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