Evalúan selección de 7 mil funcionarios de confianza
La revisión de la totalidad de cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales, se inicia desde hoy por la Contraloría General de la República, a fin de saber si en la designación de cerca de siete mil funcionarios, se cumplió con el perfil requerido para ejercer el cargo.
Para ello, se desplegarán 996 auditores quienes fiscalizarán a 332 entidades públicas que comprenden los 25 gobiernos regionales, las 196 municipalidades provinciales (que incluyen a las municipalidades de Lima y del Callao), las 48 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del primer puerto, así como también 63 municipalidades distritales a nivel nacional.
El operativo a nivel nacional determinará si la designación de los funcionarios en cargos de confianza de los gobiernos regionales y locales, se está realizando de acuerdo a la normativa aplicable y disposiciones vigentes.
Hasta el viernes
Las visitas de control que se extenderán hasta el viernes 26, permitirán que los auditores crucen información de los funcionarios de confianza con diversas bases de datos públicas, a fin de verificar si están aptos para trabajar o contratar con el Estado, y cuentan con el grado académico requerido para ocupar el cargo.
Entre los aspectos a evaluar se encuentran si la designación de personal de confianza es mayor al 5% permitido por ley. Además, se verá si las modificaciones y aprobaciones del documento interno que establece los requisitos para los perfiles de puesto (MOF) de la entidad se hicieron con posterioridad al 2 de enero de 2014.
Otro de los aspectos que se revisarán es si los funcionarios de confianza fueron designados en sus cargos sin que la entidad cuente con perfil de puestos aprobados.
Por último, las comisiones encargadas de revisar los perfiles, verán si se dejó sin efecto los documentos normativos que regulaban los perfiles de puestos para la designación de los cargos de confianza.
El dato
La Contraloría General comunicará a los titulares de las entidades los hechos identificados durante el operativo a fin de que dispongan de inmediato las medidas preventivas o correctivas que correspondan. Entre ellas se contempla la salida de esas personas de los cargos que ostentan.