14/09/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Atención. Este martes, en entrevista para Exitosa, el exprocurador anticorrupción, Amado Enco, se refirió a la decisión que debe tomar el Estado sobre una posible incineración de los restos del genocida terrorista Abimael Guzmán y consideró que se tienen los argumentos para proceder en el caso de manera extraordinaria.
En declaraciones para Las Cosas por su Nombre de Exitosa, Enco señaló que no debe haber temor en adoptar las medidas necesarias sobre una norma que permita la incineración del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
“Aquí es una situación que debe involucrar a más de una autoridad. El funcionario encargado de resolver esta situación es el fiscal del caso, pero también se sabe que esta decisión va a implicar probablemente consecuencias administrativas y algunas denuncias de carácter penal por derechos humanos, pero insisto en que como Estado, tenemos los argumentos más que suficientes para proceder de manera extraordinaria”, manifestó.
Asimismo, Enco también solicitó que se proceda a activarse los mecanismos de protección internacional para el funcionario público que se atreva a tomar la decisión de la incineración del cadáver de Guzmán Reinoso en función de los “intereses nacionales”.
“No debe haber temor de parte de las autoridades en adoptar las medidas necesarias. El Estado no puede actuar con temor, es el órgano más poderoso. Los funcionarios también tienen que saber que existen marcos de protección internacional”, agregó.
En esa línea, Enco dijo que a la autoridad que tome la decisión final sobre el cadáver del terrorista Abimael Guzmán deberá merecer el respeto y la consideración de todos los peruanos.
Como se recuerda, hoy la fiscal de la Nación (Fiscalía), Zoraida Ávalos, presentó una iniciativa legislativa que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud, que permitiría a los jueces y fiscales tomar una decisión particular sobre una disposición final del cadáver, cuya entrega signifique un riesgo para la ciudadanía.
“El juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”, se lee en la misiva presentada hoy.
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