“El pago de Odebrecht revela desprotección para el Estado”

Carlos Caro comenta que el famoso arreglo con empresa brasileña llamado “acuerdo de los 610 millones de soles”, está basado en una fórmula para determinar el fideicomiso y no de reparación civil.

Humberto García Garrido

Carlos Caro Coria, es abogado penalista, profesor en las universidades Pacífico y Lima, autor de varios libros de su especialidad. Desde su óptica explica los aspectos más saltantes de la coyuntura.

¿Qué lectura tiene de esta coyuntura, digamos, político-judicial?

Podríamos describirla del siguiente modo: En este momento hay una lucha, una guerra de poderes muy fuerte a nivel judicial, a propósito de los casos que se han gatillado sobre lavado de activos y corrupción. Y eso, desde mi punto de vista, ha generado un cisma, percibiéndose bandos a favor y en contra de los procesamientos. Es decir, nadie está pensando en lo jurídicamente correcto, sino que todos están pensando si eso favorece o perjudica a la llamada lucha anticorrupción. Es a partir de esos sesgos que se producen una serie de decisiones judiciales que pueden gustar o disgustar.

¿Cómo grafica esta situación?

Por ejemplo, cuando el juez Octavio Sahuanay confirmó la prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori, muchos lo consideraron un ángel; pero cuando admitió la revocatoria y se excluyó del proceso al juez Richard Concepción Carhuancho, pasó a ser un demonio. Entonces esta lucha anticorrupción no puede ser entendida como una guerra entre ángeles y demonios. Acá deben respetarse las reglas y los que tienen el poder de opinar y dar alcances sobre el tema, son los que están involucrados con los manejos de temas legales. Los políticos pueden dar su apreciación y los ciudadanos tienen el derecho a opinar. Algunas veces las reglas del sistema requieren interpretación, pero no puede haber sesgo. Por ejemplo, algunos medios de comunicación solo llaman a los juristas que están a favor de su planteamiento político en relación con un tema legal, y esa interpretación la venden a la ciudadanía cuando de repente la ley tiene sus claroscuros. Esto debe importar en términos de pluralidad, de libertad de expresión, comunicación y mensajes. Es decir, afinar las herramientas del pluralismo.

¿Los poderes del Estado son parte de los bandos en conflicto?

Sin duda alguna. Porque al igual que el Congreso, el Ejecutivo es un órgano netamente político en sus mecanismos de elección. El Poder Judicial que debía ser el más neutral, tiene también una orientación política porque sus integrantes tienen decisiones claras y marcadas que se nota también con los nombramientos de jueces. Por ejemplo, los órganos de administración del Poder Judicial siempre tienen cuidado a quien ponen o no, qué cambios deben hacer en el sistema de justicia o como refuerzan un tribunal y si para tal fin se debe sacar o no a un determinado juez. En ese ajedrez está de por medio el tema del impacto social. Hemos visto las marchas que se generaron a raíz de la recusación del juez Concepción que impactaron en el grueso de la población. Eso impacta en la imagen del Poder Judicial y en los que administran la justicia, hechos que son tomados en cuenta por el presidente del Poder Judicial o por los integrantes del Consejo Ejecutivo del mismo. Es decir la prensa va a influenciar sus decisiones. Eso debemos tener en cuenta porque no podemos jugar para la tribuna.

¿Se puede hablar de la politización de la justicia o la judicialización de la política?

Esto es parcialmente cierto. Hay cierta politización porque determinadas decisiones judiciales tienen una orientación donde los jueces se convierten en una suerte de actores; más que políticos en el sentido partidario, se convierten en activistas o como ciudadanos de ONG donde el soldado no está pensando en lo que si dice la ley es correcto, sino que piensa en función de su lucha. Entonces, un juez se pone la bandera de la lucha contra la corrupción y, en consecuencia, ya sabemos qué es lo que va a pasar con lo que él decida. El caso más simbólico es el del juez Concepción Carhuancho, quien en medio de todo es valiente y ha tomado decisiones importantes, pero creo que él tiene un sesgo y la mejor prueba es lo que declaró en los medios (respecto a que el fujimorismo controlaba el Ministerio Público), que le costó ser recusado válidamente del proceso a Keiko Fujimori. Allí se nota la orientación del juez. Yo no puedo hablar esas cosas si es que soy juez.

¿Qué espera de la colaboración con Odebrecht?

La verdad es que no espero grandes revelaciones, porque en la medida que Odebrecht ya tiene un preacuerdo con la Fiscalía para hablar de cuatro proyectos en concreto, aunque se han mencionado otros 16 casos que ya están en curso, imagino que son los casos conocidos, como financiación de campañas, casos vinculados a algunas obras colaterales, pero no creo que haya una gran fuente de información. Creo que son declaraciones que van a reforzar lo que ya se conoce y lo que ya existe.

¿El resarcimiento es lesivo para el Estado?

Desde mi punto de vista hay un problema gravísimo y es que se ha utilizado como punto de partida la Ley 30737 y su decreto supremo de desarrollo, que establece una fórmula matemática. Pero acá hay un error grave. Esta fórmula está prevista para un fideicomiso. Me explico: una vez que una persona jurídica está involucrada en un caso de corrupción, el Poder judicial le puede embargar, incautar sus bienes y, para que eso no pase, la ley dice que la persona puede pagar un poquito mes a mes, poniendo ese dinero en un fondo de garantía. Si yo, por ejemplo, debo pagar una reparación de mil soles, cada mes puedo depositar diez soles. Entonces, ese fideicomiso no está pensado en un monto de reparación civil, está pensado en una garantía para el Estado, entonces se ha usado una fórmula que ha sido creada para otra cosa, para calcular la reparación civil, y eso, para mi revela entre ignorancia y desprotección para el Estado.

¿Se ha violado la reserva del proceso?

El problema es que cuando IDL filtra estas informaciones no hay ninguna crítica, a todos nos parece bien; pero cuando se filtra por otro lado, parece negativo. Me refiero en concreto al acuerdo preliminar entre Odebrecht, la Procuraduría y el Ministerio Público, el famoso acuerdo de los S/ 610 millones. Esto lo filtró IDL en diciembre pasado y apareció en determinados medios, pero ahora que un medio ha publicado el texto, dicen que está mal. Aquí estamos hablando de la misma información, con la única diferencia que en la filtración de IDL no salieron las fotos pero sí el resumen; ahora han publicado las fotos y se habla de un atentado contra la reserva del proceso, entonces tenemos que ser coherentes; no podemos ser activistas.