Se hace a un lado
14/08/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/08/2024
El Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Eduardo Arana, se deslindó de responsabilidades sobre la ley que precisa aplicación y alcances de lesa humanidad. En ese pensar el titular del Minjusdh aseguró que la normativa fue promulgada por el Congreso de la República.
No obstante precisó que respetan las diferentes opiniones desde otras instituciones como la Conferencia Episcopal o el Ministerio Público que anunció que interpondrán una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa.
"Esa ley no ha sido promulgada por el Gobierno, en efecto, esta ley ha sido promulgada por orden del Congreso de la República y en este sentido respetamos profundamente las posiciones que las entidades como la Conferencia Episcopal o en este caso el Ministerio Público", señaló.
Ejecutivo "al margen"
Eduardo Arana precisó que el Gobierno estará "al margen", agregando que ante el recurso que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC), será el Poder Legislativo el que la defienda.
"El gobierno, nosotros, vamos a tener que estar al margen de ello porque va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad en la que le corresponderá al Congreso responder desde su Procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables", expresó.
Las declaraciones del ministro de Justicia fueron en medio de la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ministerio Público interpondrá demanda
El Ministerio Público demandará por inconstitucional a la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con el objetivo que el TC derogue la norma aprobada y promulgada por el Parlamento.
La Fiscalía consideró que la norma de autoría del congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, "atenta contra la defensa de los derechos humanos" al ir en contra de los estándares internacionales reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como otros tratados.
Asimismo, precisaron que la iniciativa "vulnera la autonomía e independencia" de los magistrados, impidiéndoles ejercer como defensores de la legalidad en casos de especial gravedad.
En el comunicado también destacaron que la ley genera impunidad frente a las víctimas como los de Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja y otros que aún están en indagación.
Como se recuerda la Comisión Permanente aprobó en segunda votación la normativa con 15 votos a favor, 12 en contra y ni una abstención. El gobierno no lo observó y el Parlamento lo promulgó.
Es así como el ministro de Justicia, Eduardo Arana, deslindó de responsabilidades al Ejecutivo sobre la ley que precisa la aplicación y alcances de lesa humanidad, subrayando que la normativa fue promulgada por el Congreso de la República.
