Siguen las investigaciones
05/02/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/02/2025
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el presidente del Consejo de Ministros contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Ejecutivo argumenta que las investigaciones en curso contra la presidenta de la República afectan el adecuado ejercicio de sus funciones y competencias.
¿Porqué el TC admitió la demanda?
La resolución del TC señala que la decisión de admitir la demanda se tomó luego de que el Ejecutivo subsanara las observaciones planteadas por el organismo. Uno de los puntos cuestionados era la falta de una autorización expresa de la mandataria para que el presidente del Consejo de Ministros presentara la demanda.
Para corregir este aspecto, el Ejecutivo presentó el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de enero de 2025, en el que se enmendó un "error material" en el acta de una sesión anterior, realizada el 17 de mayo de 2024. En dicho acuerdo, se ratificó que la presidenta de la República había designado al titular del Consejo de Ministros para interponer la demanda competencial.
Con esta subsanación, el TC consideró cumplido el requisito subjetivo necesario para el proceso y ordenó que se notifique a los órganos demandados, quienes tendrán un plazo de 30 días útiles para responder.
¿Qué argumenta el Ejecutivo en su demanda?
El Ejecutivo sostiene que las interpretaciones del artículo 117 de la Constitución, realizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, vulneran sus competencias. Dicho artículo establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha indicado en declaraciones previas que el objetivo de la demanda es que el TC defina en qué circunstancias un jefe de Estado puede ser investigado o acusado. El Ejecutivo considera que las resoluciones emitidas por el Poder Judicial y el Ministerio Público han generado una afectación en el ejercicio del cargo de la presidenta Dina Boluarte.
La admisión de la demanda por parte del Tribunal Constitucional marca el inicio de un proceso que busca establecer los límites en la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política.
Con ello, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán presentar sus descargos en el plazo establecido, mientras el TC evalúa si existe una vulneración de competencias en las investigaciones contra la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra.
