28/03/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Un perjuicio económico por USD 6´191,422 y S/ 271,500 detectó la Contraloría General de la República en el Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita (Piura), debido al incumplimiento de obligaciones contractuales y de la normativa del Sistema Portuario Nacional.
Este importante proyecto del norte peruano se realizó durante el gobierno de Alan García Pérez a quien la fiscal del Sistema Anticorrupción, Janny Sánchez, le abrió una investigación preliminar.
La entidad fiscalizadora en la auditoría identificó la presunta responsabilidad de 22 funcionarios y exfuncionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
La auditoría al contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario de Paita, suscrito el 9 de setiembre de 2009 y concesionado a 30 años, alcanzó la revisión del período comprendido entre el 31 de marzo de 2009 al 30 de marzo de 2018.
Según las pesquisas, la APN aprobó los expedientes técnicos de obras civiles, equipamiento complementario y servicios de sistemas de información como inversiones adicionales. Mientras que Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a inversiones mínimas, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de USD 2´947,253.53.
Otra de las observaciones es que la APN aprobó expedientes técnicos de las obras de infraestructura portuaria con cargo a la inversión adicional, y el Ositran las reconoció como tal, ocasionando un perjuicio al Estado de USD 3´244,169.01.
También se detectó que el concesionario entregó fuera del plazo previsto en el contrato de concesión, la información que acreditaba el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad (NSP) de ocho trimestres de la concesión; y el Ositran no inició el procedimiento administrativo sancionador.
Además, el concesionario no presentó dentro de los primeros cuatro meses de cada año de la concesión, los estados financieros auditados de sus accionistas fiadores, según lo previsto en la adenda N°1 al contrato de concesión, ocasionando perjuicio al Estado por S/ 271,500.00 debido a la inaplicación de las penalidades correspondientes.
El informe de auditoría ha sido notificado a los titulares del Ministerio de Transportes, Ositran, Pro Inversión y de la APN. Asimismo, fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas.
Decretos de urgencia
Según la denuncia, se sostiene que, a través de decretos de urgencia inconstitucionales, el exmandatario Alan García y los ministros impulsaron la concesión del puerto de Paita. Asimismo, se indica que García tuvo el dominio de los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza a través del control de un aparato organizado de poder que encabezó, encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión en el puerto de Paita.
