Denuncian al premier Aníbal Torres ante el Colegio de Abogados de Lima

Abogados, exprocuradores anticorrupción y profesores de ética en derecho interpusieron una denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el Colegio de Abogados de Lima “por conducta contraria a la ética” y al Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú.

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Los denunciantes aseguran que Torres, en su calidad de premier y ministro de Justicia, "ha incurrido en actos contrarios al Estado de Derecho", "ha actuado con falta de honradez y faltado a la verdad" y "ha desprestigiado la profesión a través de actos ilegales y arbitrarios que anteponen intereses subalternos a los del Estado Democrático de Derecho".

Entre los argumentos, establecen como primer punto en la destitución de Daniel Soria como procurador general de la República, oficializado mediante una publicación extraordinaria en el diario El Peruano la noche del 1 de febrero ante la causal de “pérdida de confianza”.

Sin embargo, los denunciantes indican que es "tan evidente" que la destitución de Soria "fue un acto de represalia por haber solicitado la investigación" contra el presidente Pedro Castillo.

También recogen la denuncia de Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, sobre un presunto direccionamiento de la publicidad estatal con fines políticos.

Por último, mencionan el despido de Susana Silva Hasembank de la titularidad del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), publicado el 4 de de febrero.

“Ahora se sabe que la medida fue un nuevo acto de represalia del ministro porque la presidenta del INPE se había resistido a las presiones desde el Ejecutivo para liberar indebidamente al condenado por asesinato, Antauro Humala”, enfatizan.

El pliego finaliza con un mensaje al colegiado: "A usted, señor Director Pido: Se sirva admitir la presente denuncia, disponiendo la realización de los actos de investigación correspondientes, a efectos de sancionar al abogado Aníbal Torres con el máximo rigor que prevé el Código, por haber cometido todos estos hechos en el desempeño de las altas investiduras de Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Presidente del Consejo de Ministros, cargos de gran visibilidad, lo que implica un grave desprestigio para la profesión de abogado".

Cabe recalcar que el documento está refrendado por Iván Meini, José Ugaz, Luis Vargas, Joel Segura, Antonio Maldonado y Fernando del Mastro.

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