Por muertes en protestas
27/02/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/02/2025
El 20 de agosto de 2024, un grupo de juristas, políticos y defensores de derechos humanos presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y otros funcionarios de su gobierno.
Por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar a fines de 2022 y principios de 2023. Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país, fueron una reacción al ascenso de Boluarte a la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo.
Seis meses después, este grupo anunció la ampliación de la denuncia debido a nuevos elementos que han surgido sobre la conducta de las autoridades implicadas en la muerte de al menos 49 personas durante las protestas.
La ampliación de la denuncia tiene como objetivo incorporar detalles adicionales sobre la situación de las víctimas y la actuación de las autoridades, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Corte Penal Internacional.
¿Quiénes son los firmantes de la ampliación y qué exigen?
La denuncia ampliada está suscrita por importantes figuras políticas y jurídicas de Perú, entre las que destacan Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; y Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA. Además, se incluyen exfuncionarios como Indira Huilca y Sonaly Tuesta, quienes han sido parte activa en el proceso de denuncia.
Los denunciantes han enfatizado que esta ampliación busca completar la información sobre los hechos ocurridos en los últimos meses. También, exigen la creación de una Comisión de la Verdad que permita identificar a los responsables directos e indirectos de las muertes, con el objetivo de que se haga justicia y se esclarezca la magnitud de las violaciones de derechos humanos.
Fundamentos de la denuncia inicial y sus expectativas
La denuncia original, interpuesta en agosto de 2024, fue fundamentada en informes de organismos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Asimismo, incluyó los informes de varios países como Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea. Los denunciantes subrayaron que se habían cumplido todos los requerimientos legales exigidos por la Corte Penal Internacional para llevar adelante el caso, con base en el derecho internacional y la legislación peruana.
En su declaración, los denunciantes afirmaron su "justa expectativa" de que la CPI inicie una investigación exhaustiva, que lleve a identificar y procesar a los responsables de las muertes, y que, de ser necesario, se adopten medidas cautelares para garantizar la justicia.
Con la ampliación, los denunciantes esperan que la CPI avance en la investigación de los hechos, garantizando que los responsables sean identificados y procesados, y que se establezca un mecanismo formal para esclarecer toda la verdad sobre los hechos ocurridos.
