28/12/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La empresa Electro Oriente fue denunciada ayer por desconocer los resultados de una licitación para un contrato por el servicio de seguridad para tres de sus sedes, por más de 21 millones de soles y que han perjudicado a unas 200 familias que iban a ser contratadas para esa función.
Sobre este tema, y también en Exitosa, la expresidenta del Organismo Supervisor de las Compras del Estado (OSCE), Mónica Yaya afirmó que la denuncia contra Electro Oriente presenta serios indicios de un posible acto de corrupción durante el proceso de contratación convocado el pasado setiembre
“Ahí donde no hay coima y ya firmaste el contrato, te lo resuelven y anulan. Cuando un proveedor del Estado tiene el atrevimiento de ganar un proceso de selección sin entregar coima a los funcionarios se lo declaran nulo”, expresó.
◼ Lo anulan
En diálogo con Exitosa, el abogado David Perea Sánchez señaló que la empresa Gepsi Security ganó la buena pro para dar el servicio de seguridad en las sedes de Loreto, San Martín y Cajamarca, pero cuando se iba a firmar el contrato, Electro Oriente declaró nulo el proceso.
Indicó que la empresa adujo que Gepsi Security no había superado las observaciones presentadas por la Contraloría, lo cual era una tremenda contradicción e irregularidad con los informes de sus gerencias de contrataciones, administración y el área legal.
Estas gerencias, afirmó Perea Sánchez, presentaron seis informes técnicos en los que confirman que Gepsi Security respondió a las observaciones de la Contraloría, con lo cual no había problema alguno para firmar el contrato.
Dos de las observaciones solicitaban a la empresa de seguridad demostrar su experiencia en contrataciones con el estado y sobre la indagación de mercado, lo cual fue resuelto.
◼ Se debe investigar a fondo
“Desde que veo que en setiembre lo convocan para un proceso de buena pro y luego de cuatro meses le anulen el contrato es porque algo raro hay”, manifestó Yaya al solicitar que esta denuncia merece una investigación del Ministerio Público y la Contraloría, para determinar porque se da marcha atrás en una licitación ya adjudicada.
EL DATO
Al menos, unas 200 las familias son las más directas perjudicadas por la declaración de nulidad del proceso de la buena pro, pues iban a ser contratados por la empresa ganadora de la licitación para brindar el servicio de seguridad en las sedes de Loreto, San Martín y Cajamarca.
