Crisis social y política
20/02/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/02/2023
El ciudadano Carlos Hinostroza presentó este lunes una demanda de habeas corpus contra la Municipalidad de Lima y el alcalde Rafael López Aliaga para que se anule el acuerdo de Concejo Municipal Nº026, el cual declaró al Centro Histórico como zona intangible para el desarrollo de manifestaciones y concentraciones públicas.
Según el expediente judicial, dicha resolución municipal vulnera derechos constitucionales como el libre transito, la libertad de manifestarse y la democracia.
"Presento habeas corpus restringido, por prohibición de acceso o circulación al Centro Histórico de Lima para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas", se lee en el documento.
Consecuentemente, agrega, "se declare fundada la petición y consiguientemente, se disponga la derogación y anulación del Acuerdo de Concejo Nº026, de fecha 10 de febrero del 2023, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima".
Entre los argumentos, Hinostroza refirió que la gestión municipal "utiliza de forma malintencionada" los fundamentos legales para dicha declaratoria, tales como artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución, a fin de darle sustento a una norma "arbitraria e inconstitucional", que vulnera y viola derechos, discrimina, causa desigualdades y hace deducir una dictadura.
Indicó que la prohibición y restricción total de las marchas "solo hace demostrar que estamos en una dictadura o en una democracia que está agonizando y muriendo".
Asimismo, explicó que la Municipalidad "debió emitir una norma en donde no se afecte el derecho fundamental a la protesta y sus derechos conexos". "Reiteramos, una sociedad democratica es aquella en donde su población festeja sus derechos fundamentales", enfatizó.
A renglón seguido, postuló que, en lugar de la declaración, se podría haber realizado mesas de diálogos con las organizaciones sociales, habilitar vías alternas, cordones de seguridad para proteger a manifestaciones, invocar la prevención y seguridad de las instituciones públicas y privadas.
También señalar horarios apropiados para las marchas, asumir una conducta vigilante, y de ser el caso, proporcionalmente represiva, "siempre y cuando haya medios probatorios contundentes sobre la afectacion a un tercero o bienes publicos", de acuerdo a los protocolos y normativas de la Policia Nacional de Peru.
Recordó que el gobierno también dispone estas medidas, pero "restringidas y solo por emergencia y no de manera indeterminada", en alusión al estado de emergencia en Lima, Puno, Cusco, y en algunas carreteras de la red vial Nacional.
Por otro lado, lamentó que la gestión municipal "haga entrever que los manifestantes ocasionaron el incendio en el jirón Carabaya cuadra 9", que generó la destrucción de la casona Marcionelli, a pesar de que ese siniestro está en etapa de investigación.
