Defensoría del Pueblo exige que el presidente Castillo explique salida de Mariano González
La Defensoría del Pueblo exigió este miércoles al presidente de la República, Pedro Castillo, explicar las razones de la salida de Mariano González del cargo de ministro del Interior.
La institución denunció que la voluntad del jefe de Estado sobre la lucha contra la corrupción ha sido nuevamente puesta en duda, tras conocerse que la salida de González ocurrió luego que este creara un equipo especial de la Policía que iba a colaborar con la fiscal Marita Barreto, quien preside al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
"Para la Defensoría del Pueblo, el presidente de la República está obligado moral y legalmente a explicar al país las razones de la salida del ministro del Interior y su relación con el apoyo que venía dando al equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto, en atención al principio de prohibición de ejercer el poder de forma arbitraria e injusta, derivado de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política, vinculados al Estado Social y Democrático de Derecho", manifestó.
La Defensoría mencionó que han señalado, en reiteradas oportunidades, lo inconveniente que resultan los constantes cambios en la titularidad del Ministerio del Interior (Mininter), "dado que impiden el desarrollo de acciones efectivas contra la inseguridad ciudadana".
"Desde que empezó el presente periodo de Gobierno han ejercido el cargo de ministro del Interior siete personas, hecho que ha dañado severamente la institucionalidad del sector. Debe tenerse presente que cada cambio de ministras/os ha implicado también la salida constante de funcionarias y funcionarios importantes en el planeamiento y ejecución de acciones contra la criminalidad", explicó.
En esa línea, aseveró que la "situación descrita" implica una "transgresión del deber constitucional" del mandatario por no proteger la seguridad de los peruanos que hoy son víctimas frecuentes de la delincuencia. "Le corresponde garantizar de forma definitiva la estabilidad funcional del Mininter o asumir las responsabilidades funcionales del caso", anotó.
"Como viene sosteniendo reiteradamente la Defensoría del Pueblo, la corrupción socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, y además vulnera los derechos de las personas y, con mayor intensidad, los de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad", finaliza el pronunciamiento.
Por otro lado, recordó que en un pronunciamiento público, realizado el pasado 21 de julio del 2021, "el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación, por lo que le corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción".
También manifestó aquella vez que “la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.
Por ello, el presidente de la República tenía “la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”.
Sin embargo, a casi de cumplirse el primer año del mandato presidencial, "somos testigos de que el presidente de la República no ha cumplido con su obligación encarnar y liderar el combate contra la corrupción; por el contrario, ha designado una serie de funcionarios no idóneos para el cargo, muchos de ellos investigados y procesados por graves delitos y faltas".
Asimismo, mantuvo, "pese a varios cambios de gabinete, a un funcionario seriamente cuestionado por su relación con la adjudicación irregular de obras: el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia".
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