Defensoría del Pueblo defiende cambios en la Ley de Extinción de Dominio: Acusa abusos del Ministerio Público
Este 21 de febrero, Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo (DP), defendió la realización de modificaciones en la Ley de Extinción de Dominio, señalando que el marco normativo actual no es apropiado en cuestiones de seguridad jurídica, y que habilita el abuso del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ).
Cabe precisar que sus declaraciones están envueltas en el marco de una polémica, ya que su hermana enfrenta un proceso actual de extinción de dominio. Pese a ello, el defensor del pueblo ha insistido en diversas ocasiones que cumple con la defensa de los derechos fundamentales del pueblo peruano, no atendiendo un caso particular.
"La Defensoría del Pueblo, en defensa del derecho constitucional, ha interpuesto una acción ante el Tribunal Constitucional. Es el tribunal que, tras la audiencia del día de ayer, va a resolver el caso, seguramente, con neutralidad, transparencia y objetividad", señaló.
Defensor del Pueblo condena abusos
De acuerdo a Gutiérrez, la Ley de Extinción de Dominio actual permite acciones excesivas de parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, llegando a tomar conductas abusivas en desmedro de la población.
"... hay casos que le quitan a una tercera persona tras treinta años su propiedad. Eso no responde a criterios de seguridad jurídica. (...) La gran pesca tiene sus embarcaciones de millones de dólares retenidas. Las agroexportadoras también porque dicen que las propiedades, hace décadas, eran de otra persona", comentó.
En tal sentido, indicó que diversos sectores del aparato de producción nacional, así como civiles inocentes que no cometieron delito alguno son privados de sus propiedades por presuntas irregularidades sin mayor sustento.
Advertencia de la Fiscalía de la Nación
En la otra vereda, Delia Espinoza, fiscal de la nación, alertó que modificar la Ley de Extinción de Dominio obstaculizaría la lucha contra el crimen del mismo modo que lo hizo la derogación de la detención preliminar. En tal sentido, instó a las distintas autoridades competentes a reflexionar sobre sus posturas.
"Quieren que la ley solo permita incautar bienes cuando ya exista una sentencia firme del caso. (...) ¿Qué significa esto? Que permitiría a los criminales usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones", indicó en su momento.
La fiscal ha advertido sobre presuntas intenciones del Congreso que impulsarían las alteraciones en el marco normativo actual. De aprobarse, se excluirían de la norma bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales.