30/08/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La Defensoría del Pueblo recalcó que el Estado, al aprobar la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, brindó una herramienta legal necesaria para realizar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, a cargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia. No obstante, es necesario que esta estructura administrativa cuente con el presupuesto adecuado para cumplir con su labor.
Una muestra de que el Estado no comprende la necesidad y urgencia de brindar el presupuesto para realizar la labor de búsqueda e identificación, fue la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas de aprobar el presupuesto adicional que solicitaron tanto la DGBPD como el Instituto de Medicina de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público, en los meses de julio y noviembre del año 2019; respectivamente.
Esta indiferencia, en el tema presupuestario, no solo retrasa la búsqueda de las víctimas, sino que contraviene lo señalado en los principios rectores de la búsqueda de las personas desaparecidas del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que establece que “las autoridades encargadas de la búsqueda deben contar con las facultades legales y los recursos financieros y técnicos necesarios, con una estructura administrativa y un presupuesto que les asegure la realización de las actividades de búsqueda con la prontitud, la capacidad técnica, la seguridad y la confidencialidad requeridas”.
“Se requiere que el Estado brinde el presupuesto necesario para realizar la búsqueda de las más de 16 000 personas desaparecidas que aún faltan recuperar y la identificación de los más de 1000 restos que se encuentran en el IML. En ese sentido, considerando que esa institución ha sido declarada en emergencia, vamos a reunirnos con ella, a fin de solicitarle que incorporen en su presupuesto, el financiamiento para continuar con la labor de identificación de los restos que se encuentran en sus instalaciones”, señaló Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
Por otro lado, si bien el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 es un importante instrumento de gestión para ejecutar el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, es necesario que se evalúe la reformulación del mismo, a fin de hacer de este documento una Política Nacional de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en el periodo 1980-2000 del MINJUS.
Cabe señalar que, ha pedido de los familiares de las víctimas y considerando el mínimo avance que tiene el proceso de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, se ha elaborado el proyecto de ley que declara en necesidad pública e interés nacional la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el periodo 1980-2000, la cual fue remitida al Congreso para su debate y aprobación.
Como se observa, a pesar del transcurso del tiempo, el Estado aún tiene una deuda legal, social y moral con los familiares de las personas desaparecidas, que esperan por una respuesta hace más de 30 años. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo renueva su compromiso de acompañamiento y asistencia e insta a las instituciones involucradas a cumplir con su deber.
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