Defensoría cuestiona eficacia de los estados de emergencia y pide sustentos al Ejecutivo: "No han tenido impacto"
Ante el anuncio del Consejo de Ministros sobre la próxima declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar el incremento de la criminalidad, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior los documentos técnicos que sustenten dicha medida.
La institución ha manifestado su preocupación por la creciente ola de extorsiones y sicariato en el país, pero ha subrayado que las medidas de excepción previamente dictadas no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Ejemplo de ello son los recientes estados de emergencia en diversas provincias, que no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni de la delincuencia común.
¿Garantiza el estado de emergencia una mayor seguridad?
La defensoría del Pueblo enfatizó que la seguridad ciudadana es una prioridad para la institución y recordó que la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de la población. Según la Defensoría, la falta de estrategias integrales en seguridad obstaculiza el progreso del país y afecta el ejercicio de derechos fundamentales.
Asimismo, se reiteró la necesidad de una política de seguridad que priorice la prevención y protección de niños y adolescentes, en lugar de propuestas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, medidas que fueron calificadas como "populistas".
¿Cuáles son las propuestas de la Defensoría?
La institución ha solicitado la destitución inmediata de funcionarios corruptos en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes han facilitado la infiltración de redes criminales en dichas instituciones.
Además, exhortó a los distintos poderes del Estado a trabajar de manera conjunta para implementar estrategias efectivas y sostenibles contra la delincuencia, tras múltiples tragedias que el país está sometido.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la unidad nacional para articular esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población.
Según la institución, solo con una coordinación efectiva entre el Gobierno, las fuerzas del orden y la sociedad civil se podrá garantizar una seguridad real y duradera para todos los peruanos.