03/03/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La defensa legal del empresario azucarero y expresidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, presentó un escrito y solicitó la transferencia de competencia del juzgado y la suspensión del juzgamiento donde se le pide 26 años de cárcel, justo tres días antes de iniciar el juicio oral por el asesinato de Percy Farro Vitte.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado de Lambayeque ya había programado para el 6 de marzo (8:30 a.m.) el inicio del juicio oral contra Oviedo, los exdirectivos de la empresa Tumán Segundo Ordinola Zapata y Pablo Arce Benites, así como para Víctor Rodríguez Ortiz (exjefe de Seguridad), Roberto Campos Effio y Feljud Castro Banda.
Según sostiene la Fiscalía, Edwin Oviedo Picchotito sería el autor intelectual de la muerte de Percy Farro Vitte, quien era el principal opositor de la administración judicial de la empresa Tumán en el año 2015.
De acuerdo a los indicios, Farro Vitte -extrabajador de construcción civil- no habría aceptado recibir un soborno a cambio de terminar las protestas contra la administración judicial. La Fiscalía sostiene que este personaje opositor habría sido asesinado cuando convocaba a los manifestantes para una protesta masiva, con la finalidad de rechazar la administración judicial de la empresa Tumán.
Lo que indica la defensa legal de Oviedo es que la transferencia de competencia se sustenta por “las circunstancias insalvables que perturban el normal desarrollo del proceso”.
Ante ello, la parte legal denuncia que se está haciendo un juicio mediático. Además, asegura que existe injerencia informal de las autoridades sobre el acusado, manifestaciones colectivas y presión social. También argumenta que hay violencia ejercida contra Edwin Oviedo y su abogado César Nakazaki.
Es por esa razón que el exmáximo dirigente de nuestro fútbol propone que el juicio se realice en el Distrito Judicial de La Libertad o en el Juzgado de Crimen Organizado de Lima.
Del mismo modo, la defensa señala que la presión de los trabajadores de Tumán podría afectar la imparcialidad de los jueces.
