04/02/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Parlamentarios de distintas bancadas exigieron a la Fiscalía dar la misma celeridad y rigurosidad en los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán, así como se aplica en los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, a punto de ser denunciados; Keiko Fujimori, hoy con prisión preventiva, o Alan García, con investigaciones con marchas forzadas.
Karina Beteta, miembro de la desactivada Comisión Lava Jato, exhortó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tomar una actitud firme de lucha contra la corrupción, pues advertía la lentitud en los avances en casos emblemáticos como son los de la exalcaldesa Susana Villarán y de Kuczynski que se encuentra en etapa preliminar.
“¿Dónde están los demás casos, de Villarán?, ¿qué hay con el tema del señor Kuczynski?, precisó al recordar la severidad y celeridad en los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Por su parte, el exvicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro, lamentó que solo se denuncie a dos o más personas cuando son más los involucrados en actos de corrupción.
“Estamos observando que las investigaciones de la Fiscalía se tornan de una manera convenida, por la participación de otros actores”, dijo.
También demandó celeridad en los casos que involucren recursos del Estado.
De igual modo, Eloy Narváez, de Alianza para el Progreso, afirmó que todos los expresidentes de la República deben de ser investigados, incluso el actual mandatario Martín Vizcarra.
“Se debe de investigar a todos los expresidentes, incluyendo las denuncias contra el actual presidente Martín Vizcarra”, afirmó.
El caso PPK
La Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentran en la etapa de investigación preliminar por la comisión de los supuestos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, concusión y abuso de autoridad.
Además, estaría por iniciarse una investigación ante la declaración del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, que en Brasil dijo a los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato, entregó un aporte de 300 mil dólares para su campaña presidencial del 2011.
Pagos a empresas
El primero de los casos se inició en febrero de 2018 y se encuentra en la carpeta fiscal definida como los pagos a empresas vinculadas con PPK por parte de Odebrecht y otras empresas.
Esta investigación fiscal seguida contra PPK aborda los pagos de empresas del Grupo Odebrecht en favor de Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, mientras desempeñaba los cargos de presidente del Consejo de Ministros (PCM) y ministro de Economía, en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur-Tramos 2 y 3.
Esta investigación comprende también las transferencias de las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de PPK en el Banco de Crédito, durante sus dos campañas electorales.
Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el expresidente recibió USD 3'027,341 por transferencias entre el 2004 y 2017 por el Grupo Odebrecht a First Capital, de su exsocio Gerardo Sepúlveda, y Westfield Capital, de su propiedad.
Por esta investigación el Poder Judicial dictó, en marzo de 2018, impedimento de salida del país para PPK por 18 meses; además se realizó allanamientos e incautaciones en tres inmuebles y se ha presentado solicitud de cooperación internacional a Chile y se prepara la documentación para presentar la solicitud a Estados Unidos.
Caso PPK-Tenaris-Techint
En el segundo caso, se le imputa a PPK haber elaborado una carta de presentación a Francisco Javier Pardo Mesones, con la finalidad de que este abra una offshore en Panamá que se usaría como un supuesto mecanismo de evasión fiscal y tributaria para el presunto depósito de recursos que se habrían obtenido ilegalmente en negocios con el Estado y actividades relacionadas durante un período en el que se desempeñó como ministro (2001-2006).
Según Fiscalía, PPK usó cargos superpuestos dolosamente con sus intereses privados para generar recursos y habrían sido instrumentos para favorecer los negocios y actividades empresariales de su entorno personal y/o grupo empresarial.
Aportes de campaña
En marzo del año pasado, Jorge Barata explicó a los fiscales peruanos que entregó 300 mil dólares para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, quien postulaba entonces a la presidencia, por Alianza Para el Gran Cambio.
Según el funcionario, el dinero del que reconoció que era 'no contabilizado' (ilegal) le entregó a la empresaria Susana de la Puente los USD 300 mil, según dijo, en las oficinas de PPK.
“Yo supongo que sí sabía del aporte. Nunca me agradeció", señaló Barata.