29/11/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La Corte Suprema consideró que la investigación de 11 altos mandos de la Policía por el homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones a 78 personas, durante las movilizaciones de protesta del 14 de noviembre de 2020, deben ser vista en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, tras casi un año de paralización, las indagaciones se reanudarán bajo la competencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y no de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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La sentencia refiere, en cuanto a víctimas y repercusión nacional, que “este caso se trataría de una grave violación de derechos humanos que proscribe el derecho internacional por la actuación desproporcionada de la fuerza contra la población civil que ejercía un derecho reconocido”.
“Los hechos se enmarcan en una protesta nacional con numerosas personas afectadas y repercusión en todo el país, determinaron un cambio de presidente, generaron grave alarma social y comprometieron la institucionalidad del gobierno. El proceso es complejo por la investigación contra varios agentes y tres delitos comprendidos”, dice la resolución expuesta por el juez César San Martín.
Por su parte, el tribunal sostiene que los delitos investigados son especialmente graves y están conminados por delitos de homicidio calificado a una pena no menor de 15 años de cárcel.
Hay que mencionar que son 11 policías, oficiales y suboficiales, los que están siendo investigados por los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y graves, y abuso de autoridad en agravio de 80 personas.
Las protestas se realizaron en contra del gobierno de Manuel Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra.
BUSCAN REPARACIÓN POR DAÑOS
Los familiares de las víctimas aún buscan que el Estado otorgue una reparación por los daños ocasionados y de garantías de no repetición del violento accionar policial en las protestas. El gobierno de Francisco Sagasti dio un apoyo económico excepcional de 40 mil soles para cada familia de los manifestantes fallecidos. Luego, la gestión del presidente Pedro Castillo otorgó un apoyo económico de entre 15 mil y 40 mil soles a las personas heridas de gravedad en esas movilizaciones.
EL DATO
El tribunal precisó que “en todo caso, la actividad investigativa y los medios de investigación determinarán lo realmente sucedido y si, como se plantea, se cometieron delitos contra la vida e integridad de los manifestantes en el uso ilícito de la fuerza”.
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