30/08/2021 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Con el objetivo de proteger los intereses del Estado, la Contraloría General de la República determinó que tiene facultades para inhabilitar y separar temporalmente de la administración pública hasta por cinco años a servidores y funcionarios públicos que cometan infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.
La institución indicó que existen 32 conductas infractoras tipificadas en la Ley N°31288, norma que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, cuyas sanciones se definen a través de un procedimiento administrativo sancionador.
◼ Posibles casos
Entre las 32 tipificaciones encontramos: autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa; actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones, o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su función, dando lugar a un beneficio, propio o de tercero; usar los bienes o recursos públicos incumpliendo las normas que regulan su ejecución o uso; percepción de doble remuneración en el sector público.
El Dato: La posible conducta infractora motiva un Procedimiento Administrativo Sancionador, que se desarrollará respetando el debido proceso que incluye el derecho de defensa del involucrado, el principio de legalidad, el de tipicidad, entre otros.
La responsabilidad administrativa funcional se identifica en los informes de control posterior y comprende solo hechos ocurridos a partir del 21 de julio del 2021, fecha en la que se promulgó la Ley N°31288.
◼ Hasta 5 años
Las infracciones administrativas graves serán sancionadas con la inhabilitación de la función pública de 60 días hasta un año; mientras que las infracciones muy graves serán sancionadas con la inhabilitación no menor de uno hasta cinco años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, la reincidencia, la existencia de intencionalidad, entre otros factores.
En su portal web estará el listado de funcionarios y servidores públicos inhabilitados, a fin de que se cumpla la sanción.
