25/11/2020 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
En diálogo con Exitosa, el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, estimó que en la época de pandemia del coronavirus se habría perdido al menos el 30 % del presupuesto nacional por hechos de corrupción.
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“Sin pandemia, el promedio de lo que se pierde por inconducta funcional, corrupción e ineficiencia es de 15% de lo que se gasta [...] En el caso de la pandemia este número podría haber llegado al 30% por la liberación de todos los procedimientos de compras”, indicó en entrevista con Nicolás Lúcar y Karina Novoa para el programa Hablemos Claro de Exitosa TV.
De acuerdo al contralor, el registro de proveedores se flexibilizó durante la emergencia sanitaria y permitió las presuntas irregularidades, dado que empresas o personas naturales sin experiencia podían trabajar con el Estado, tras la disposición mencionada.
“El registro de proveedores se ha liberado a la hora de realizar compras durante la pandemia. Por ejemplo: una persona que nunca había contratado con el Estado podía ser admitida, ese fue el problema de la pandemia, la flexibilización total de los trámites”, expresó el titular de la Contraloría.
◼ Canastas de víveres
Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional de Martín Vizcarra dispuso la entrega de subsidios económicos a las municipalidades distritales y gobernaciones regionales a fin de apoyar, a través canastas de víveres a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, la ayuda no habría sido completa, pues Shack señaló que, a la fecha, la Contraloría ha registrado presuntas irregularidades en la compra y entrega de estos insumos alimentarios.
“Está claro que en el sector del Interior se han verificado una serie de inconductas funcionales y situaciones adversas que la población conoce a través de nuestros informes. El otro gran sector donde hemos encontrado problemas ha sido en la compra de las canastas de víveres [en el sector de todos los gobiernos locales]”, informó.
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Por último, Shack Yalta sostuvo que, tras su sustentación ante la Comisión de Fiscalización, espera que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que faculta la devolución de la capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República.
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