16/10/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La Contraloría General de la República envió al Ejecutivo un proyecto de decreto de urgencia que permitirá que municipios, gobiernos regionales y ministerios culminen obras paralizadas en sectores como salud, educación y saneamiento.
Esas obras ascienden a unas seis mil de acuerdo a fuentes de la Contraloría y su puesta en marcha significará un aliciente a la reactivación económica y permitirá a la ciudadanía contar con servicios largamente esperados.
“Los ciudadanos están cansados de ver cómo sus regiones y municipios se llenan de elefantes blancos mientras las crecientes necesidades de obras y servicios básicos se dejan sin atención”, señaló el contralor Nelson Shack.
El contralor aseguró que entre las medidas planteadas se encuentra también la expansión del modelo de control en los contratos, para asegurar que los recursos públicos se ejecuten de acuerdo al marco legal y evitar que funcionarios se vean implicados en casos de corrupción.
Asimismo, señaló que el proyecto plantea elevar el estándar de transparencia en los arbitrajes y en la labor que realizan los árbitros, obligándolos a presentar ante la Contraloría una declaración jurada de conflictos de intereses y prohibiendo que las instituciones arbitrales apliquen procedimientos de ratificación afectando la defensa de los intereses del Estado.
Shack indicó que “la propuesta plantea mejorar la regulación de la labor de los supervisores de obra haciéndolos responsables solidarios de los incumplimientos del ejecutor, y estableciendo el deber de remitir una copia de sus informes a la Contraloría, porque hoy no están obligados a responderles a los auditores”.
También destacó que la norma propone medidas urgentes a favor de la Contraloría con la finalidad de asegurar la intervención oportuna y la presencia del control a nivel nacional, continuando con el proceso de absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) de los gobiernos regionales y locales.
Esto permitirá que lleguemos al bicentenario con un sistema de control moderno y eficiente que sea capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar la inconducta funcional y la corrupción, para beneficio de todos los peruanos, concluyó Nelson
