Tras acusaciones
05/05/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/05/2023
Esta tarde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque con el respaldo de Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático, en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por muertes en protestas. Esto tras los 11 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
La denuncia fue presentada también por los parlamentarios de izquierda Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez Palomino.
Esta denuncia también incluyó al exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como el expremier Pedro Ángulo y el extitular del Interior, César Cervantes.
Argumentos no válidos
En el documento de calificación se informó que no existe evidencia alguna de que los denunciados tuvieran conocimiento o actitud para que los hechos se hayan provocado durante las manifestaciones que iniciaron en diciembre último.
"No siendo suficiente la participación en la emisión de dispositivos de estados de emergencia para presumir o asumir una denuncia a nivel constitucional", se puede leer.
Con los votos se decidió que la denuncia debe declararse improcedente. También, indicaron que las declaraciones de los denunciados acerca del financiamiento de las protestas obedecen a una opinión que no debe ser sancionada, excepto que sea una exaltación a la violencia.
Masivas protestas en el Perú
Después de que el Congreso de Perú resolviera destituir al ahora expresidente, Pedro Castillo, masivas protestas se registraron desde el 7 de diciembre del 2022, a nivel nacional.
Los manifestantes solicitaban la liberación del exmandatario, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y prontas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Hasta el momento, en los conflictos entre los civiles y la policía, se han registrado más de 60 fallecidos entre civiles y policías.
Como se recuerda, Pedro Castillo intentó imponer un golpe de Estado, mediante un Gobierno de Emergencia, por lo que pretendía cerrar el Congreso e instalar toque de queda y gobernar por decreto. No obstante, la iniciativa no se respaldó en otras instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, por lo finalmente el Parlamento vacó al presidente Castillo.
Para Castillo los poderes políticos del Congreso realizaron una persecución hacia él, como señaló en su solicitud de asilo a México. Actualmente, el exmandatario está detenido en el penal de Barbadillo y sigue siendo investigado por delitos de rebelión y conspiración. Esto se suma a sus otros cargos por organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.
