Congreso: SAC rechaza denuncia constitucional de la Fiscalía contra once parlamentarios por caso 'doble sueldo'
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República resolvió por 13 votos a favor y 2 abstenciones rechazar la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra once congresistas.
La denuncia estaba dirigida a aquellos que promovieron una ley que permite a los legisladores recibir pensiones adicionales, similares a las de los militares y policías en retiro. Esta ley fue cuestionada por Espinoza, quien argumentó que representaba una vulneración de principios fundamentales como la equidad y la transparencia.
El informe de la secretaría de la Subcomisión señaló que no se configuraba una infracción constitucional en la actuación de los parlamentarios acusados, quienes fueron parte de la Comisión de Defensa durante la tramitación de la ley. Según el análisis, la normativa no violaba la Constitución, lo que llevó a la resolución de improcedencia.
Los congresistas involucrados y los beneficios de la ley
La denuncia de la fiscal Espinoza se centró en la implicación de once congresistas, entre los que se incluyen varios exmilitares y un expolicía, quienes habrían sido beneficiados directamente por la ley que les permite cobrar pensiones de retiro sin restricciones.
Los congresistas involucrados en el caso son José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes son militares y policías en retiro, y que gracias a la ley pueden recibir pensiones que de otro modo estarían restringidas.
Además, fueron incluidos en la acusación otros miembros de la Comisión de Defensa, tales como Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
La acusación de la fiscal Espinoza se basaba en la idea de que la ley otorgaba un beneficio económico a ciertos legisladores, lo que contravendría principios constitucionales fundamentales. Sin embargo, la Subcomisión consideró que la normativa no infringía ninguna disposición constitucional y desestimó la denuncia.
La polémica sobre la legalidad de la ley
La polémica surge no solo por el contenido de la ley, sino también por la figura de los congresistas beneficiados. La ley, aprobada por la Comisión de Defensa, fue diseñada para otorgar pensiones a los exmilitares y expolicías en retiro que, además de su pensión habitual, pudieran acceder a pensiones adicionales como parte de su labor parlamentaria.
Sin embargo, la denuncia sostiene que dicha medida crea un trato preferencial hacia ciertos congresistas, lo que podría generar sospechas sobre la transparencia y equidad de los beneficios otorgados.
Pese a la controversia, el Congreso optó por desestimar la denuncia, lo que deja abierta la discusión sobre la conveniencia de esta ley y el impacto que tiene en los principios de justicia y equidad.
El rechazo a la denuncia constitucional contra los congresistas involucrados en la ley de pensiones representa una decisión que puede tener repercusiones sobre la percepción pública del Congreso.
La ley continúa siendo un tema controversial, y si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dictaminó que no hay infracción constitucional, el debate sobre la equidad de los beneficios sigue abierto.